PROTESTA. LOS PERIODISTAS REITERARON SU RECHAZO A LAS REFORMAS DEL CÓDIGO PENAL.

Marcha por la libertad de expresión

Comunicadores de distintos gremios insistieron en la eliminación de los artículos 187 y 189 del proyecto.

Los diputados no aceptaron las propuestas, y en cambio añadieron otro artículo restrictivo.

LA PRENSA/Jorge Fernández

RECORRIDO. Inicialmente, la marcha iría a la Asamblea Nacional, pero ante la decisión de los diputados de reunirse fuera de ese recinto, los profesionales de la comunicación recorrieron la Avenida Balboa hasta el hotel Plaza Paitilla Inn.807598

A fin de reiterar el repudio a los atentados contra la libertad de expresión contenidos en la reforma al Código Penal, periodistas de diferentes gremios marcharon ayer hasta el el hotel Plaza Paitilla, donde estaban reunidos diputados de diferentes bancadas políticas para tratar, precisamente, los cambios a ese texto legal.

En principio, la marcha de los periodistas iría desde la iglesia de Don Bosco hasta la sede de la Asamblea, pero a última hora debió ser cambiada a la Avenida Balboa por la decisión de los legisladores de reunirse en el referido hotel.

Así pues, los periodistas caminaron desde los predios de la Contraloría de la República y una vez en el hotel pidieron la presencia de una representación parlamentaria, que al final quedó integrada por sus dos vicepresidentes, Susana Richa de Torrijos y Carlos Alvarado; por el secretario general, Carlos Smith; y por el presidente y vicepresidente de la Comisión de Gobierno, Raúl Rodríguez y Jorge Hernán Rubio.

Acto seguido, los gremios entregaron su propuesta sobre las reformas al Código Penal: eliminar los artículos 187 y 189, y modificar el 422.

Contrapropuesta

En respuesta, los diputados invitaron a una comisión para que ingresara al recinto de discusión e hicieron lo propio los delegados del recién constituido Frente por la Defensa de la Libertad de Expresión: Jean Marcel Chery, Rubén Castrejo, Flor Lizondro, José Otero, Grisel Bethancourt y Enrique Brathwaite.

Una vez adentro, los diputados presentaron una nueva propuesta que básicamente elimina el artículo 189 y modifica el 187 y el 422.

En el fondo, sin embargo, la proposición elimina el artículo 189, pero su espíritu esencial pasa al 187, que a su vez cambia la pena de cárcel a días multa.

Por consiguiente, queda así: "Quien posea legítimamente correspondencia, grabación o documentos privados o de carácter personal, no destinados a la publicidad, aunque le hubiese sido dirigido y lo haga público sin la debida autorización y de ello resultare un perjuicio, será sancionado con 200 a 500 días-multa o arresto de fines de semana".

En tanto, al artículo 422 solo se le elimina el tema de la información política, pero igual castiga con prisión de dos a cuatro años a "quien revele información confidencial de acceso restringido, así declarada en virtud de las disposiciones legales vigentes, en materia diplomática o policial, referentes a la seguridad del Estado".

Además, los diputados incluyeron un nuevo artículo, el 188-A, que dice: "Quien patrocine, promueva o practique espionaje, seguimiento o persecución contra una persona sin autorización del funcionario competente, será sancionado con dos a cuatro años de prisión".

Al final, dicha oferta fue rechazada por los periodistas, que acordaron volver a reunirse para analizar posibles acciones futuras, entre estas pedir directamente al presidente, Martín Torrijos, el veto de los artículos.

¿Un delito para cada conflicto?

Las preocupaciones de la magistrada Esmeralda de Troitiño.

La magistrada de la Corte Suprema de Justicia Esmeralda de Troitiño no está tranquila. A pesar de que reconoce que los diputados han aceptado una buena parte de las recomendaciones hechas por el equipo de trabajo que organizó –sobre todo los acuerdos en los temas relativos a la protección de los menores–, sigue intranquila con el proyecto de Código Penal que ya está en segundo debate.

"La ley penal es el último recurso que el Estado tiene para atender los conflictos de convivencia entre los ciudadanos, pero no es posible que todos estos conflictos de la vida diaria los resolvamos por la vía penal", comentó con preocupación por lo que llamó un exceso en la lista de situaciones que se han incluido como delitos.

La magistrada Troitiño agregó que existe una serie de leyes especiales –como la ley de libre competencia o la relativa al mercado de valores– que regulan y sancionan las conductas relativas a esa materia en el ámbito administrativo o civil. Sin embargo, ahora se ha incluido también en el proyecto de Código Penal.

"Cuando se instaló la comisión codificadora les dije que la transformación del sistema penal necesitaba una base de acuerdos con todos los actores [...] esto no se hizo". A pesar de todo, la magistrada Troitiño considera que lo que ha sucedido desde que el proyecto llegó a la Asamblea ha sido muy provechoso para la democracia panameña. "Se ha producido un debate muy intenso que estaba pendiente", concluyó.