Código penal.

Unas reformas medievales

Cuando un gobierno PRD intenta legislar sobre justicia y libertades ciudadanas, uno no sabe si reír o llorar.Durante el gobierno de Ernesto Pérez Balladares, por ejemplo, se nombró una comisión para reformar el Código Penal que tuvo a bien proponer la despenalización de la calumnia y la injuria –lo cual ciertamente hubiera sido un adelanto importante–, pero que en todo lo demás referente a la libertad de expresión hizo recomendaciones que hubieran sido un retroceso grave. Ya pocos se acuerdan, pero las reformas de Pérez Balladares hubieran calificado como delitos castigables por prisión: difundir rumores sobre enfermedad en los animales o las plantas, divulgar noticias tendenciosas que pongan en peligro la economía nacional, revelar secretos políticos o diplomáticos, vilipendiar a un representante del Estado y ofender la dignidad de un diplomático extranjero.

Esas propuestas convirtieron a Panamá en el hazmerreír –Andrés Oppenheimer, del Miami Herald, no pudo contener la risa al escribir que en Panamá sería delito difamar a las vacas– pero, por suerte, el anteproyecto jamás fue aprobado. De allí, el gobierno siguiente, de Mireya Moscoso, dejó pasar cinco años sin hacer mucho por avanzar en la libertad de expresión y aún menos por avanzar sobre justicia penal, lo que dejó abierta la puerta para que el gobierno de Martín Torrijos lance ahora un nuevo proyecto de reformas.

Es un paquete preocupante que debiera ser objeto de mucho más análisis ciudadano. Si bien es cierto que cada país tiene el gobierno que merece, no menos cierto es que cada país tiene las leyes que merece. Entendamos que una cosa es tener leyes anacrónicas que por inercia no se han derogado y otra cosa muy distinta es quedarse de brazos cruzados mientras se aprueban leyes nuevas que disminuyen las libertades ciudadanas e imponen actitudes medievales.

Por el momento, tengo cuatro objeciones principales al anteproyecto. Primero, una incoherente sustitución del sistema inquisitivo por el acusatorio. Como abogada penalista que ha ejercido en Estados Unidos, considero que el sistema acusatorio tiene muchas virtudes (aunque no es perfecto), pero también considero que la Alianza Ciudadana Pro Justicia –cuya labor admiro enormemente– ciertamente tiene razón al criticar que estas reformas no hacen nada por responder a los problemas básicos del sistema actual en Panamá, que son lentitud, corrupción, falta de acceso ciudadano e intransparencia. Lo que se desea, entonces, es un sistema que sea más ágil, más justo, más garantizador, más accesible, más transparente, y más honesto, pero estas reformas no hacen nada de eso.

Segundo, pasando de lo procesal a lo sustantivo, estas reformas desprotegen a la mujer. Ayer vi un comunicado en que la Iglesia católica hacía alarde de haber logrado que el anteproyecto siga penalizando el aborto, pero yo encuentro muy reprochable que como sociedad permitamos que las creencias religiosas de un segmento de la población dicte legislación que se aplicará a todos. Las disposiciones sobre el aborto en este paquete son anacrónicas y discriminatorias; otras disposiciones desprotegen a la mujer en casos de asalto sexual y violencia doméstica. Esto es inaceptable; es hora que el Estado panameño reconozca, como dice una ex congresista estadounidense, que una mujer es algo más que un útero ambulante.

Tercero, estas reformas violan la libertad de expresión. Encuentro intolerable que un país que se da ínfulas de primer mundo con sus rascacielos y demás, esté en el siglo XXI promulgando leyes que castigan la calumnia y la injuria con prisión. Desde 1956, un analista estadounidense escribió que "la difamación es un delito medieval", lo cual refleja que los países que de verdad son de primer mundo consideran simplemente que, como dijo Alexander Hamilton, "la verdad jamás puede ser delito". El Fórum de Periodistas bien ha criticado que el anteproyecto tiene otras disposiciones absurdas que "constituyen un retroceso alarmante" con respecto a la libertad de prensa y que, de no ser corregidas, colocarán a Panamá "en un vergonzoso lugar como un Estado represor de una garantía fundamental".

Por último, preocupa el apuro desmesurado con que la Asamblea pretende aprobar estas reformas. Hay quienes me murmuran al oído que el apuro se debe al deseo de anular las condenas que Manuel Antonio Noriega tiene pendientes en Panamá, porque Noriega fue juzgado en ausencia y eso quedará prohibido bajo el nuevo código (posiblemente con aplicación retroactiva). Ese peligro es solo una razón más para asegurar que el código que regirá la justicia penal por décadas, reciba mucho más escrutinio ciudadano.