Prioridades del pacto de Estado por la Justicia

En septiembre de 2005 se entregó al Presidente de la República una agenda para la reforma judicial, como parte de los acuerdos del Pacto de Estado por la Justicia. Esta agenda de la reforma, con fechas de cumplimiento y entes responsables, fue realmente un hecho histórico, ya que por primera vez los tres poderes del Estado, otros entes del sector justicia y de la sociedad civil, llegaron a acuerdos y definieron prioridades para la reforma judicial. Esta agenda de la reforma tenía más de 30 resultados esperados antes de 2009 y el 75 % dependía para su ejecución del poder judicial.

Las reformas prioritarias están relacionadas con la agilización de la justicia, reestructuración de la defensa pública, reformas al sistema penal, convertir a los corregidores en mediadores, crear la justicia de paz adscrita al Órgano Judicial, reformar todo lo relativo a la carrera judicial, evaluación del desempeño, sistema ético disciplinario para funcionarios judiciales, fortalecimiento del Consejo Judicial para hacerlo más operativo, reingeniería del servicio judicial, mejoramiento del sistema de informática y rendición de cuentas de la administración de justicia, entre otros aspectos importantes.

Por supuesto que esta agenda de reforma del Pacto de Estado por la Justicia no resolvía la crisis de credibilidad en la máxima corporación de justicia, que fue el motivo de la creación de la Comisión de Estado por la Justicia. Sin embargo, para algunos era la ruta que, supuestamente garantizaba el respeto al Estado de Derecho y a la independencia de los poderes del Estado.

Han pasado dieciséis meses desde que se entregó el informe, de la Comisión de Estado por la Justicia, al Presidente de la República y la agenda de la reforma marcha a paso muy lento y en los temas más importantes, como lo son: la reforma de la justicia administrativa impartida por los corregidores, la reforma penal y lo relativo a carrera judicial, aún no vemos resultados.

La reciente reforma al mecanismo de nombramiento y remoción del Director de la Policía Técnica Judicial y el anteproyecto que circula para crear la Sala de Garantías Constitucionales, son un paso en la dirección contraria, ya que ambas iniciativas politizan el debate de la reforma.

Es una pena que algunos no entiendan que la única manera de sacar a la justicia de la crisis de credibilidad en la que se encuentra es precisamente cumplir con la agenda de la reforma y despolitizar el debate y la integración de la Corte Suprema de Justicia.

La creación de la Sala de Garantías fue una propuesta de la Subcomisión de acceso a la justicia de la Comisión de Estado por la Justicia, pero nunca fue vista como una reforma prioritaria, como sí lo son la reforma a la actual justicia de corregidores hacia una jurisdicción de paz y a la reforma penal y procesal penal. Por ello, debemos culminar satisfactoriamente estas dos reformas y destinar los fondos para implementar este nuevo sistema, antes de la creación de la Sala de Garantías.

Tanto la reforma penal, como la creación de la justicia de paz, requieren de una gran inversión por parte del Estado y en el caso de la justicia de paz debió estar prevista en el presupuesto General del Estado para el año 2007, sin embargo aún estamos en la fase de ponernos de acuerdo sobre la definición del diseño de esa nueva jurisdicción.

Por otra parte, la propuesta de creación de una Sala de Garantías Constitucionales se hizo sobre la base de un sistema de escogencia de magistrados con amplia participación ciudadana tal y como se acordó en el primer punto de los acuerdos de Pacto de Estado. Es por ello, que la discusión sobre la creación de la Sala de Garantías debe ir acompañada de un clara definición de la forma de escogencia de estos magistrados y este momento de pugnas entre el Ejecutivo y el Judicial no es el momento para ello, ya que la percepción que dejará en los ciudadanos es que pretenden controlar la Corte Suprema de Justicia, lo que no le hará ningún bien a la ya deteriorada imagen de la justicia y de la institucionalidad democrática de nuestro país.

Si los planes son aprobar la reforma penal de manera apresurada para luego pasar a la creación de la Sala de Garantías, vamos por la ruta equivocada ya que estaríamos desconociendo las prioridades del Pacto, ya que antes de la creación de la Sala de Garantías existen 21 metas que no se han cumplido y 18 de ellas estaban previstas para el año 2006.

Como ciudadana creo que luego de cumplir con estas reformas importantes y antes de dar el paso a crear la Sala de Garantías debemos exigir que se mejore la Resolución de Gabinete de noviembre de 2005 que definió un proceso de escogencia de magistrados con una mayor participación de los abogados, asociación de magistrados, ciudadanos y las universidades. Lo ideal es que esta comisión de preselección pueda presentarle al Ejecutivo una lista de elegibles, que fue lo aprobado en el Pacto de Estado por la Justicia.