Entre lo moral y lo legal.

El aborto y nuestro Código Penal

Hace aproximadamente unos 10 años, mujeres católicas advirtieron a personalidades de la Iglesia católica que el tema del aborto, más temprano que tarde, se plantearía en Panamá como se ha hecho en otros países. Con gran sensatez recomendaron que la Iglesia preparara a mujeres profesionales, en los aspectos científicos, psicológicos, filosóficos y teológicos para que pudieran representar una posición a la vez razonable y cónsona con los Evangelios y con la doctrina de la Iglesia. Comprobaron que en otros países, donde la Iglesia había llegado tarde a la discusión del tema y se había hecho representar por personas no adecuadamente preparadas, se había generado un ambiente muy agresivo contra la Iglesia y, además, se había facilitado la obra de aquellas personas que deseaban que adoptaran normas legales muy radicales que no solo despreciaba la posición católica, sino que incluso desconocía el humanismo realmente integral.

Aunque entre el Clero hubo algunas personas que compartían la preocupación expresada por las mujeres, la Iglesia en su conjunto no pudo o no quiso ofrecer las oportunidades para la preparación que era necesaria y quedó así sin manera de lidiar eficazmente con el grave problema moral que se avecinaba. Ahora, nos encontramos en el medio del comienzo de una controversia sobre el aborto, que no crea el mejor ambiente para una solución en paz y respetuosa de la vida.

Para preparar la posición razonable y cristiana sobre este tema, hay que comenzar por tener bien claro que las normas legales y las normas morales no coinciden pura y simplemente. Aunque la legalidad deba enmarcarse en la moralidad. Hay numerosas instancias donde lo legal puede no ser moral y lo moral puede no coincidir con lo legal. Es así porque la norma moral se le plantea a la persona humana como su camino para alcanzar el ideal de vida que ha escogido como su meta, lo que puede involucrar un alto grado de heroísmo en su realización y relativamente poco margen para decisiones por un mal menor. La ley o norma legal, por el contrario, se le plantea no a una persona en singular, sino a una pluralidad de personas que conforman un grupo, un barrio, un pueblo, una ciudad, una nación o un mundo como su camino para establecer y desarrollar la convivencia, lo que exige un margen mucho mayor de tolerancia y también para decisiones por un mal menor.

Entiendo que el hombre o la mujer moral se sienta preocupado por la aprobación de leyes que no son morales por ellas mismas o que implican tolerancia que a veces nos parece un mal no tan menor. Pero este hecho, por preocupante que sea, no puede ser superado por la imposición de una moral como si fuera un sistema legal. Ello desnaturalizaría tanto la moralidad como la legalidad. Lo que hay que evitar es que a punta de concesiones tolerantes por males menores se acumule tanta amoralidad incluso inmoralidad, en un sistema legal que termine por hacer imposible toda posibilidad de vida moral real y concreta sobre todo para la gente común y corriente. Por ello, siempre es beneficioso que exista una tensión entre la moralidad y la legalidad. En la vida terrestre actual es una ilusión que se paga caro en intolerancia, conflicto y distancia radical entre los miembros de una misma sociedad, creer que uno puede hacer desaparecer toda tensión de este tipo.

El Código Penal de Panamá, que se aprobó por ley N°18 del 22 de septiembre de 1982, adoptó opciones, en general aceptables o al menos tolerables, sobre el aborto. En efecto, comienza por el artículo N°141 en el cual establece que:

"La mujer que cause su aborto o consienta que alguien se lo practique, será sancionada con prisión de 1 a 3 años".

Sería imprudente y quién sabe hasta irresponsable intentar, en las actuales circunstancias y en muy corto tiempo, lograr un acuerdo mínimo indispensable para endurecer las penas en estos casos ambivalentes que nuestro Código deja subsistir.

Se puede mejorar la situación en materia de aborto sin alterar por el momento las normas legales existentes, de las siguientes manera:

Mediante una reglamentación de la ley que busque evitar el abuso de la misma por algunas mujeres y médicos que falsifican la razón para justificar un aborto; además, esta reglamentación debe dificultar seriamente el que personas con dinero puedan obtener un aborto a demanda, mientras las mujeres pobres están sometidas a un régimen mucho más severo y que las puede llevar a tomar graves riesgos en cuanto a su salud.

Mediante la creación de un ambiente y de las instituciones correspondientes para dar asesoría y apoyo a las personas y familias que se encuentran en su vida ante uno de los casos de aborto.

Mediante la participación comprometida de personas interesadas en el tema del aborto contra las situaciones de pobreza y marginación extrema para reducir la multiplicación de los abortos injustificados y clandestinos.

En la medida en que los cristianos y los humanistas integrales vivimos la visión que profesamos, podemos entonces reclamar de los demás componentes de la sociedad, ¿Cómo pueden ellos justificar el recurso al aborto a demanda, que implica la destrucción del producto de la concepción, es decir, de vida humana incipiente? De hecho, aceptan vivir en una civilización del placer, lo que significa estar dispuestos a aceptar las últimas consecuencias de dicha civilización egocéntrica, estéril y carente tanto de la fraternidad como de la apertura a la trascendencia.

La tarea nuestra es ayudar a crear la civilización del amor donde el aborto no sea una especie de epidemia moral.