DÉFICIT EN LOS ACUERDOS.

La paz aún no ganada de El Salvador

Un breve recorrido por lugares que fueron escenarios de la pasada guerra civil (1980-1992) en El Salvador, permite apreciar que apenas quedan huellas físicas de la que fue la mayor tragedia que ha vivido el país en su historia moderna, terminada con los acuerdos de paz firmados hace 15 años.

Las huellas, sin embargo, parecen estar en la mente de la población inconforme por falta de seguridad, trabajo y bienestar.

Suchitoto, un poblado enclavado en las faldas del cerro Guazapa, a menos de 50 kilómetros al norte de San Salvador y otrora un fuerte bastión insurgente, es en la actualidad un lugar obligado del turismo nacional y extranjero.

La Universidad Nacional (UES) fue recién remodelada con fondos de la agencia estadounidense para el desarrollo Usaid y no existe el más mínimo vestigio de los bombardeos sufridos.

Perquín, sede por años de la comandancia insurgente, es cada vez más visitado por eco-turistas amantes del montañismo que por visitantes del museo que ahí se erigió para recordar la contienda bélica.

Aún así, de acuerdo a una reciente encuesta publicada en el diario La Prensa Gráfica, casi el 80% de la población consultada expresa que no hay paz en El Salvador. Mientras, casi el 70% cree que se está en peligro de sufrir una nueva guerra civil.

La mayoría de la gente sitúa actualmente como causas de una nueva guerra: la delincuencia, la polarización política y otras acciones de tipo económico, según LPG-Datos, del referido diario.

El 16 de enero de 1992, el gobierno presidido entonces por Alfredo Cristiani y la comandancia del insurgente Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) firmaron en el Castillo de Chapultepec, México, un acuerdo o pacto político que puso fin a una guerra civil que se había prolongado por 12 años.

La Organización de Naciones Unidas (ONU), a través de su embajador especial Álvaro de Soto, fue la entidad que medió entre las partes beligerantes para que se suscribiera el "Acuerdo de Chapultepec", que contempló la depuración y reducción del Ejército, el desarme de la guerrilla, así como reformas constitucionales para democratizar al país.

Sin embargo, pese a que el presidente Antonio Saca -del partido Alianza Republicana Nacionalista (Arena), que lleva 17 años en el poder- insiste en que los acuerdos de paz se cumplieron en su totalidad, los partidos políticos legales, entre ellos Arena y el FMLN, firmarían un llamado Acuerdo para la Paz Social.

El referido acuerdo, en el que de última hora se han expresado desacuerdos por parte de Arena, insiste en que aún existen rezagos en el cumplimiento de los Acuerdos de Chapultepec, especialmente en referencia a la atención de lisiados y ex combatientes; propugna por un pacto fiscal y exige descentralización del Estado y transferencia de poder a las alcaldías.

Para el rector de la Universidad Centroamericana (UCA), José María Tojeira, el Gobierno ahora habla de Paz Social y reconoce que la pobreza es causante de males como la ola delincuencial y de homicidios que han colocado a El Salvador como el país más peligroso de Latinoamérica, con una tasa de homicidios de 57 por cada 100 mil habitantes, según datos oficiales.

Sectores de oposición claman por cambiar el modelo de desarrollo, reactivación de la agricultura y de la industria para la generación de empleos, a fin de evitar que 700 salvadoreños huyan diariamente al extranjero en busca de trabajo.

El Gobierno ha optado por transformar a El Salvador en una plataforma de servicios, que hasta el momento no ha dado resultados evidentes y continúa el empobrecimiento de la población, según economistas locales.

Finalmente, otro de los déficit en los acuerdos de paz se refiere a los derechos humanos, que oficialmente se alega que se respetan, y al mantenimiento de una amnistía general (1993) que cubre los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la guerra.

La comunidad de organizaciones humanitarias locales clama por la derogatoria de la citada amnistía, en concordancia con los cánones de la justicia internacional y en defensa de las víctimas del conflicto que fueron martirizadas por masacres, desapariciones forzosas, asesinatos selectivos y torturas.

La guerra civil salvadoreña, según cifras oficiales, provocó 75 mil muertos, 8 mil desaparecidos y más de 12 mil lisiados.