| SE TUERCE EL CURSO DE LA JUSTICIA.
La política del indulto
Carlos Guevara Mann
La presidenta de Chile, Michelle Bachelet, encabeza una iniciativa para derogar la ley de amnistía impuesta en 1978 (durante el régimen de Augusto Pinochet), que ha mantenido en la impunidad a la mayoría de los sicarios de la dictadura (The New York Times, 24 de diciembre). Usted, que es observador, notará el contraste entre el interés de la administración de la presidenta Bachelet -de afianzar la justicia democrática y el estado de derecho-y la política de los gobiernos panameños posteriores al desalojo de la dictadura (algunos en mayor medida que otros) de manipular la administración de justicia para favorecer a sus compinches. De los muchos artilugios de que se han valido para lograr ese cometido, sobresale el indulto presidencial, disposición que han tergiversado y amañado con propósitos nada orientados al bien común.
Señala la constitución vigente, en su artículo 184, que "Son atribuciones que ejerce el presidente de la República, con la participación del ministro respectivo: 12) Decretar indultos por delitos políticos, rebajar penas y conceder libertad condicional a reos de delitos comunes". Mediante el indulto, dice el Diccionario, el jefe de Estado "perdona total o parcialmente una pena o la conmuta por otra más benigna" (www.rae.es <http://www.rae.es/> ).
Aunque de acuerdo con nuestro sistema jurídico el indulto sólo puede ser concedido por delitos políticos, los gobiernos panameños han recurrido a él para eximir de responsabilidades legales a una pléyade de distinguidos rateros, prominentes violadores de los derechos humanos y prestigiosos menoscabadores de la democracia. En junio de 1994, poco antes de la expiración de su mandato, el presidente Guillermo Endara indultó a 542 colaboradores del ex dictador Noriega (La Prensa, 7 de junio de 1994).
En septiembre de 1994, el presidente Ernesto Pérez Balladares indultó a otros 216 sujetos, entre ellos varios oficiales de las extintas fuerzas de defensa, acusados de aberrantes violaciones a los derechos humanos y apropiación indebida de recursos públicos, así como a varios integrantes de la organización terrorista conocida con el nombre de "batallones de la dignidad" (La Prensa, 24 de septiembre de 1994). Un año más tarde, en septiembre de 1995, Pérez Balladares indultó a 139 individuos, entre los cuales figuraban altos oficiales de las fuerzas de defensa, uno de ellos condenado por un millonario peculado y otro acusado por apropiarse de cientos de hectáreas de un parque nacional (El Panamá América y La Prensa, 8 de septiembre de 1995).
De regalo de despedida, el señor Pérez obsequió a su pueblo una última ronda de indultos, que favoreció a 35 sujetos, entre ellos a la arquitecta del fraude electoral de 1984 y la anulación de las elecciones de 1989; a falsos médicos, atracadores de la administración pública, torturadores y asesinos. Como lo apuntó El Panamá América en su Pulso de Panamá del 31 de agosto de 1999, el gobierno de Pérez Balladares abusó, desnaturalizó y prostituyó "el concepto de los indultos y las amnistías. Ambos son modalidades de perdón de los delitos políticos, que se han usado para soltar a criminales comunes. En los cinco años de perredismo, se han echado a la calle, exonerado de penas y borrado expedientes a más de un millar de delincuentes, que incluye a ladrones del tesoro público, vulgares asesinos de gatillo, ’peculadores’ de la peor especie, torturadores, violadores de mujeres y cobardes asesinos de compañeros de armas a quienes habían dado palabra de perdonar sus vidas".
En agosto de 2004, los tres indultos decretados por la presidenta Mireya Moscoso, días antes de terminar su gestión, causaron revuelo internacional, al incluirse entre los indultados a cuatro sujetos condenados por "posesión de explosivos" que utilizarían para llevar a cabo un atentado contra un jefe de Estado extranjero en nuestro territorio.
Como puede apreciarse fácilmente, existe en nuestro medio una clara tendencia al uso del indulto para torcer el curso de la justicia democrática. Es importante recalcar este punto ahora que un colaborador de la dictadura militar, siete veces condenado por delitos relacionados con su gestión al frente de uno de los bancos del Estado, ha retornado al país (La Prensa, 20 de diciembre de 2006). Ni cortos ni perezosos, sus asesores y simpatizantes han pedido para él un indulto, cuya concesión constituiría nada más ni nada menos que una doble bofetada al pueblo panameño, sobre todo a quienes trabajan honrada y arduamente para ganarse el sustento.
La diferencia es clara. Mientras en otros países, caracterizados por una mayor seriedad en el manejo de la cosa pública, quienes cometen actos delictivos enfrentan la justicia, acá los delincuentes influyentes evaden sus responsabilidades mediante indultos y otras prácticas nocivas. Esas prácticas no sólo les permiten operar en la más completa impunidad, sino además escalar a posiciones de relevancia en el engranaje gubernamental. En efecto: delincuentes e indultados de antaño son hoy funcionarios de alta jerarquía en el gobierno de la llamada "Patria Nueva", no obstante las reiteradas promesas de su líder de introducir medidas ciertas y eficientes para enderezar el curso de la justicia. Así que como sigamos con nuestra habitual inacción, mañana despertaremos con Arosemena de contralor. Excelente pronóstico para el Año Nuevo, ¿no le parece?
El autor es catedrático de ciencias políticas y fue director general de Política Exterior
Además en opinión
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• ¿Dictadura civil?: Jaime A. Porcell
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