DERECHOS HUMANOS.

Saliendo del asilo

Serbia -que por largo tiempo ha sufrido sanciones por ser el país cuyo último presidente, Slobodan Milosevic, inició un genocidio en Yugoslavia- no está acostumbrada a que la alaben por proteger los derechos del hombre. Sin embargo, en un aspecto de la protección de los derechos humanos la tan denostada Serbia ha dado un paso sin precedentes que la pone por delante de todo el resto de Europa Central y del Este, incluidos Estados que ya son miembros de la Unión Europea.

En septiembre de 2006, el Ministerio del Trabajo, Educación y Asuntos Sociales de Serbia puso en práctica su política oficial de integrar a la sociedad a miles de personas que habían estado relegadas a instituciones estatales dignas de una novela de Dickens, sólo por el hecho de sufrir de una discapacidad mental. Con este paso histórico, Serbia adoptó una práctica que se fue arraigando en los países occidentales ricos tras la Segunda Guerra Mundial, pero que nunca se aplicó en el bloque comunista.

Es completamente contradictorio con el concepto de una sociedad libre el segregar a personas meramente por su discapacidad mental, hacer caso omiso de sus derechos humanos más básicos, impedirles el acceso a la educación y al empleo, negarles la libertad de escoger dónde y cómo vivir, y con quién pueden relacionarse.

El cambio de política orientado a rectificar esta sombría realidad en Serbia ocurrió cuando el ministerio aceptó aplicar en todo el país un proyecto piloto que desde 2003 creó una gama de servicios de asistencia con base en la comunidad para permitir que las personas con discapacidades intelectuales salieran de las instituciones donde estaban confinadas y comenzaran a vivir sus vidas en el mundo exterior. Ese proyecto piloto demostró que las personas con discapacidades mentales son capaces de vivir como ciudadanos iguales a los demás, cuando reciben la ayuda adecuada.

Apoyándose en el éxito de la iniciativa, el ministerio ha comprometido la compra de más de 130 apartamentos y casas para albergar a personas que salen de estas instituciones y crear servicios diurnos para ayudarles a enfrentar las complejidades de la vida que hay más allá de los muros que antes las encerraban. La financiación para estas reformas proviene de la privatización de bienes estatales, no de la ayuda extranjera. A favor de Serbia hay que decir que el ministerio tomó su decisión sabiendo que el cambio exigiría hacer restricciones presupuestarias en otras áreas, pero lo hizo porque llegó a la conclusión de que proteger los derechos humanos era más importante que ahorrarse unos cuantos dinares.

Es de esperar que la decisión de Serbia sirva de inspiración para que otros Estados de Europa Central y del Este sigan su ejemplo, incluidos aquellos que han logrado ser miembros de la Unión Europea. Resulta chocante el que la UE haya hecho tan poco por presionar a sus miembros y candidatos a ser miembros a que promuevan la vida en comunidad de las personas con discapacidades mentales.

Ninguno de los nuevos Estados miembros de la UE tiene planes concretos ni mecanismos de financiación para desarrollar redes de alternativas con base en la comunidad a una escala nacional. Si bien hay áreas con servicios comunitarios de alta calidad en la mayoría de los países de la región, decenas de miles de personas con discapacidades mentales todavía viven en asilos, y la mayoría de ellas no tienen perspectiva alguna de salir de ellos.

* Hungría sigue segregando a sus ciudadanos con discapacidades más graves y gasta millones de dólares en la construcción de un nuevo megacomplejo institucional que se encuentra vacío porque no cumple las normas de seguridad y contra incendios de la Unión Europea.

* Croacia está demostrando que la desinstitucionalización no es cuestión de dinero. El Instituto Sociedad Abierta comprometió más de $2 millones para ayudar al gobierno a cerrar una institución de gran tamaño para personas con discapacidades intelectuales. Sin embargo, tras casi un año de iniciadas las negociaciones, el gobierno aún no está preparado para emprender acciones concretas.

* En Rumania, el año pasado había niños muriendo de desnutrición en una institución mental. El gobierno culpó a las autoridades locales, éstas culparon al gobierno por asignar recursos inadecuados, y los internos de las instituciones siguen mirando el mundo a través de ventanas con candados y barrotes.

Existe una urgente necesidad de modificar las políticas de los gobiernos, de modo que la provisión de servicios en la comunidad a personas con discapacidades mentales sea la norma en lugar de la excepción. Estos servicios deben estar disponibles para cualquiera que los necesite. Y los gobiernos deben redestinar recursos de las instituciones y las burocracias con intereses creados que intentan conservar sus cargos, y entregarlos a organizaciones que apoyan la vida en comunidad de los discapacitados.

Es hora de que el resto de Europa Central y del Este sigan este positivo paso emprendido por Serbia.

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