| INFORME DE LA DRP.DOS CASOS CONTRA EL EX BANQUERO TIENEN DEMANDA ANTE LA CORTE SUPREMA.
Cuentas pendientes de Arosemena
De ocho procesos por lesión patrimonial iniciados contra el ex gerente del BNP, seis fueron resueltos.
Arosemena otorgó 50 facilidades crediticias: 43 al Grupo Homsany y siete al Grupo Salomón Homsany.
| CORTESÍA/Sistema Penitenciario |
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| PROCESO. Rafael Arosemena está preso en Panamá desde el pasado martes.783233 |
José Somarriba Hernández
Rafael Luna Noguera
panorama@prensa.com
Un informe de auditoría de la Contraloría indica que el ex gerente del Banco Nacional de Panamá Rafael Arosemenaestuvo implicado en ocho procesos por lesión patrimonial, los cuales fueron investigados por la Dirección de Responsabilidad Patrimonial (DRP) de esa entidad.
Seis de esos procesos han concluido y en dos de ellos las decisiones de la DRP están sometidas a demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción ante la Sala Tercera de la Corte.
De acuerdo con el reporte de la DRP, de seis expedientes finalizados, en cuatro se halló responsabilidad patrimonial, y una vez dictada la resolución final de cada proceso los dictámenes fueron remitidos a la Dirección General de Ingresos (DGI) del Ministerio de Economía y Finanzas para los cobros coactivos.
Estos expedientes estuvieron relacionados con retiro de dinero en efectivo de la reserva (FECI); el manejo de los fondos de caja menuda en la División Jurídica; los pagos en concepto de publicidad, donaciones, actividades políticas y gastos varios, así como la adquisición de una ventana panorámica de doble visión con vidrio resistente a balas, que formaba parte del equipo y mobiliario del banco.
Los otros dos expedientes fueron concluidos sin que se declarara responsable a Arosemena por lesión patrimonial. Uno porque no hubo lesión, y el otro –por retiro de dinero en efectivo de la bóveda del banco– porque otro de los procesados pagó lo imputado.
Finalmente, los restantes dos casos están en trámite, pues fueron impugnados los fallos adoptados por la DRP.
Se trata del otorgamiento de 43 créditos al Grupo Homsany y la aprobación de siete créditos más a varias sociedades denominadas por el banco como Grupo Salomón Homsany; ambos casos por 8 millones de dólares.
La Corte Suprema no ha resuelto el fondo del negocio. Si la Corte no revoca el fallo, la DRP debe remitir el caso del Grupo Homsany a la DGI y proseguir el proceso en el caso del Grupo Salomón Homsany.
Opina su ex subalterno
El abogado Rogelio Cruz, quien fue asesor legal de Arosemena cuando fungió como gerente del BNP, dijo que al margen de si es responsable o no de los delitos por los que fue condenado, hay varias acciones legales que podrían salvarlo de prisión.
Según Cruz, los procesos del ex funcionario debieron acumularse porque todos fueron por peculado y así lo indica la ley. Pero como no se hizo, podría pedirse su nulidad.
No es delito político
"Por otro lado, el presidente Martín Torrijos podría dictar una rebaja de pena o una libertad condicional, ya que constitucionalmente es una facultad que tiene", dijo.
"No procede un indulto, porque no se trata de un delito político de acuerdo con la justicia panameña, pero el Presidente o el Ministro de Gobierno y Justicia podrían, constitucionalmente, otorgar una rebaja de pena o concederle una libertad condicional", agregó.
El jurista explicó que tanto la rebaja de pena como la libertad condicional están establecidas en el Artículo 184, numeral 12 de la Constitución Política.
A criterio de Cruz, "si Rafael Arosemena se hubiera quedado en Panamá, ya hace mucho tiempo habría salido de la cárcel por cumplimiento de las penas, pero después de 17 años (...) ahora viene y debe empezar a cumplir desde cero".
El Gobierno no considera ningún indulto
El Sistema Penitenciario no ha recibido solicitud de beneficios para Rafael Arosemena, preso en la cárcel de El Renacer.
Ante la llegada del ex gerente del Banco Nacional de Panamá Rafael Arosemena, el ministro de la Presidencia, Ubaldino Real, informó ayer que el presidente, MartínTorrijos, "hasta ahora no ha considerado" la emisión de "ningún indulto".
"El Presidente solo ha otorgado libertades condicionales basados en el cumplimiento de las dos terceras partes de la penas", añadió.
De su parte, el director del Sistema Penitenciario, Carlos Landero, indicó que no ha recibido ninguna solicitud para tramitar medidas de depósito hospitalario o domiciliario en beneficio de Arosemena.
Según el funcionario, dichas medidas son las únicas que cabría darle al ex banquero de 73 años, luego de su arribo al país el pasado martes tras casi 17 años de asilo en México. Y es que, precisó,sobre Arosemena pesan siete sentencias en firme y algunas de estas pasan de los tres años de prisión, por lo que no se le puede otorgar ninguna medida cautelar sustitutiva de la detención.
Landero informó que desde que Arosemena fue trasladado a la cárcel de El Renacer, el mismo martes en la tarde, ordenó que se le realizaran todas las evaluaciones médicas necesarias para determinar su estado de salud.
"En el caso de que se determine que sufre de alguna dolencia, se le atenderá en prisión. Pero si esto no es posible, se pedirá apoyo al Ministerio de Salud y es probable que un médico vaya a la cárcel o que él sea trasladado a un hospital", explicó.
Landero fue claro al asegurar que al ex banquero se le brindarán todas las garantías, aunque al mismo tiempo se le exigirá el cumplimiento de todos los deberes como reo.
Arosemena está detenido en la zona de cubículos del área verde de El Renacer, donde comparte celda con dos presos más. Concretamente, está en el mismo cubículo que ocupaba hasta hace unos días el ex jefe de Narcóticos de la Policía Técnica Judicial Rogelio Harris, liberado tras casi un año preso por supuestos nexos con el narcotráfico.
En el área verde solo hay unos 17 internos de alto perfil -entre éstos el comisionado de la Policía Carlos Soto Vega-, aunque según aseguró Landero ninguno goza de privilegios. "No pueden salir de sus cubículos si no forman parte de un taller de trabajo o de la granja", dijo.
El otorgamiento de una medida de depósito demora unos dos meses y requiere del visto bueno de las direcciones de Salud y Asesoría Legal del Sistema Penitenciario, de la Junta Técnica de la cárcel y del Instituto de Medicina Legal.
(Con información de Rafael Pérez G. ).
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