Panamá debe afrontar en los próximos meses el debate sobre la reforma de una herramienta fundamental para la convivencia ciudadana: el Código Penal y el Procesal Penal.

Nos toca ir descubriendo la propuesta hecha por la Comisión de Estado por la Justicia que se plasmó en el proyecto de Ley 255 de 2006, que ahora debe pasar a primer debate en la Asamblea. Hoy conocemos cómo se ha perdido la oportunidad para consolidar los avances en la legislación logrados en los últimos años y cómo se ha retrocedido en materia de protección de mujeres, niños y adolescentes.

Es el momento de pedir a la Asamblea que abra el proyecto a un amplio debate donde participen tanto especialistas como la sociedad civil. Los códigos resultantes no serán probablemente del agrado de todos, pero sí deben ser el fruto de un proceso de concertación democrático y de intensas discusiones porque en ellos se consignarán las reglas del juego que nos permitirán avanzar o retroceder.

No desatendamos la oportunidad.