| CRISIS.INVESTIGACIÓN CRIMINAL.
Secuelas de un escándalo
La situación podría retrasar la aprobación de reformas fiscales, consideradas clave para la economía.
Hace dos semanas la Corte ordenó la captura de tres legisladores aliados del presidente Uribe.
| REUTERS/José Miguel Gómez |
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| DILEMA. Álvaro Uribe fue reelegido con los mismos votos de los legisladores acusados de nexos con los paramilitares. 769729 |
BOGOTÁ, Colombia/REUTERS
El escándalo político que sacude a Colombia por los supuestos vínculos de congresistas con los paramilitares de ultraderecha amenaza la gobernabilidad del presidente Álvaro Uribe y podría retrasar la aprobación de reformas fiscales clave para la economía, dijeron analistas.
Pero un aumento de la crisis podría generar cuestionamientos a la legitimidad del mandatario, un importante aliado de Estados Unidos en América Latina y quien impulsa una estrategia de seguridad contra la guerrilla izquierdista.
"La gobernabilidad está afectada porque esto va a poner en muchas dificultades las relaciones entre Gobierno y Congreso, sobre todo en torno a algunas iniciativas que son fundamentales para el desarrollo de la toma de decisiones", dijo el analista político Vicente Torrijos.
"La legitimidad aún no está cuestionada, a menos que empiece a salpicarse a tres niveles: el alto gobierno, los altos mandos militares y el Presidente mismo. Si eso no sucede, la crisis podría mantenerse en un nivel como en el que estamos viendo, pero lo más probable es que tenga una dinámica que llegue a afectar también la legitimidad", afirmó Torrijos.
El escándalo comenzó hace dos semanas, después de que la Corte Suprema de Justicia ordenara la captura de tres legisladores aliados de Uribe en el Congreso, que supuestamente financiaron y apoyaron la formación de esos grupos.
Uno de los tres políticos, actualmente encarcelados, fue inculpado como responsable de una masacre de campesinos, mientras que se espera que otros legisladores, entre ellos el senador Álvaro Araujo, hermano de la canciller María Consuelo Araujo, sean vinculados a la investigación criminal.
El escándalo se registra cuando el Congreso debate la aprobación de una reforma tributaria, la privatización de un 20% de la estatal petrolera Ecopetrol y un proyecto para modificar las transferencias del Gobierno central a las regiones, considerados clave para garantizar la viabilidad económica de este país.
Las reformas son necesarias para que Colombia recupere el grado de inversión a su deuda por parte de las agencias calificadoras y esperadas por Wall Street, que estima que son clave para que tenga un crecimiento sostenible superior al 5% que asegure su estabilidad financiera.
Sin embargo, el legislador del izquierdista Polo Democrático Alternativo, Wilson Borja, opinó que el escándalo no afectará las reformas porque los congresistas aliados de Uribe, que son mayoría, las aprobarán a más tardar a mitad de diciembre, antes de salir a un receso legislativo hasta marzo, con lo que evitarán los debates de la oposición.
Pero aseguró que la legitimidad del gobierno sí está cuestionada, porque fue reelegido con los mismos votos de los legisladores acusados de nexos con los paramilitares, señalados de masacrar a miles de civiles en medio de su lucha contra la guerrilla izquierdista.
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