REPORTE EN MÉXICO.

Los asesinatos de la guerra sucia

Justo antes de abandonar la presidencia, la administración del presidente Vicente Fox emitió discretamente un voluminoso informe que, por vez primera, asienta de manera inequívoca que gobiernos pasados llevaron a cabo una campaña encubierta de asesinatos y tortura en contra de disidentes y guerrilleros, desde finales de los 60 hasta principios de los años 80.

El informe, de 800 páginas, constituye la primera aceptación de responsabilidad por parte del gobierno federal por lo que se conoce aquí como la "guerra sucia", en la cual se cree que la policía y el ejército ejecutaron a más de 700 personas sin juicios previos, en muchos casos después de actos de tortura. Además, representa el cumplimiento de la promesa de Fox, cuando fue elegido en 2000, con respecto a exponer la verdad acerca de un horrendo capítulo en la historia de México.

"El gobierno mexicano nunca ha aceptado oficialmente la responsabilidad por estos crímenes", dijo Kate Doyle, la directora del proyecto México del Archivo de Seguridad Nacional, grupo de investigación, perteneciente a la iniciativa privada, en la Universidad George Washington. Sin embargo, según Doyle y otros expertos en derechos humanos, el procurador especial que emitió el informe, Ignacio Carrillo Prieto, no había tenido éxito para llevar a juicio a funcionarios responsables de los crímenes que describe con tanto detalle, notablemente el ex presidente Luis Echeverría.

En lugar de ser anunciado en un evento público, como a menudo sucede, el informe fue publicado en internet por la noche del viernes pasado. No fue sino hasta varios días después que su importancia quedó de manifiesto para grupos que siguen el tema de cerca.

Algunos expertos en derechos humanos afirman que la forma en que el informe fue divulgado deja entrever que el entusiasmo de Fox por extraer los pecados de gobiernos pasados ha menguado desde que él llegó a la presidencia.

"El hecho de tener un reporte oficial, en el cual se reconoce la responsabilidad del Estado, es un logro significativo", dijo Dan Wilkinson, perteneciente a Human Rights Watch, pero a juzgar por la forma en que lo dieron a conocer, todo parece indicar que el gobierno del presidente Fox desea que el informe tenga una muerte discreta y espera que nadie le preste atención.

Dicho informe se apoya en documentos secretos de las fuerzas armadas y el gobierno, mismos que Fox ordenó que fueran divulgados. Contiene largos capítulos sobre los asesinatos de manifestantes estudiantiles en Ciudad de México, en 1968 y 1971, así como una brutal operación de contrainsurgencia en el estado de Guerrero, donde oficiales militares destruyeron poblados enteros de los que se sospechaba que ayudaban al líder rebelde Lucio Cabañas, amén de haber torturado a sus habitantes.

Este informe también ofrece abundantes detalles, incluidos los nombres de oficiales castrenses que fueron responsables de diversas atrocidades, desde la destrucción de comunidades hasta los asesinatos de manifestantes estudiantiles.

No incluye órdenes firmadas por tres ex presidentes mexicanos autorizando los crímenes. De cualquier forma, el rastro de los documentos deja en claro que los abusos no fueron obra de oficiales renegados, sino una política oficial del gobierno.

Los sucesos tuvieron lugar durante la administración de Gustavo Díaz Ordaz, José López Portillo y Echeverría. El departamento de seguridad federal mantenía informados a los presidentes con respecto a muchos aspectos de las operaciones encubiertas.

"Al final de la investigación", leía el informe, "se ha demostrado que el autoritario régimen, en los niveles más encumbrados de mando, impidieron, criminalizaron y combatieron a diversas porciones de la población que se organizó para exigir una mayor participación democrática".

Los autores del informe, al cual le dieron forma 27 investigadores, también declaran que la batalla que el régimen libraba en contra de estos grupos organizados entre movimientos estudiantiles e insurgencias populares "estaba fuera de la ley y recurrió a matanzas, desapariciones forzosas, tortura sistemática y genocidio, en un esfuerzo con miras a destruir la parte de la sociedad a la que consideraba su enemigo ideológico".

Carrillo Prieto les dijo a reporteros esta semana que indudablemente los ex mandatarios estaban al tanto de la campaña. "Esto no tuvo que ver con la conducta de unos cuantos individuos", declaró a Prensa Asociada. "Fue la consecuencia de un plan autorizado para deshacerse de los disidentes políticos", indicó.

De cualquier forma, los tribunales han desechado en repetidas ocasiones las acusaciones formales por parte de Carillo en contra de Echeverría, el único de tres ex jefes de Estado que fueron acusados y aún vive. Echeverría, de 84 años de edad, niega de manera inflexible cualquier fechoría.

En julio, un juez federal desechó cargos de genocidio en contra del ex presidente Echeverría, dictaminando que había vencido un estatuto de limitaciones de 30 años. Los cargos tuvieron su origen en una matanza de manifestantes estudiantiles en el complejo multifamiliar de Tlatelolco, en Ciudad de México, en 1968, cuando él fungía como el secretario de Gobernación.

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