| INFORME INTERNACIONAL.
Corrupción, pobreza, riqueza y desarrollo
Darío Suárez
Con motivo de un informe de un organismo internacional acerca del alto índice de corrupción que ostenta Panamá dentro del concierto de naciones del mundo, algunos personeros del gobierno actual, imbuidos de santa indignación, han salido a rasgarse las vestiduras, como aquellos personajes de la antigüedad, protestando y rechazando el documento. Sin embargo, este "honor" lo ha venido acumulando el país gradualmente desde antes de la dictadura policial; incrementado exponencialmente por ésta en proporción directa al endeudamiento que contrajo; interrumpido durante el primer gobierno pos-invasión; y, no detenido en grado variable por los posteriores hasta el presente, cuando ha recomenzado otro fuerte endeudamiento público.
Pero hasta en los países del llamado primer mundo impera la corrupción empresarial y particular. La diferencia con Panamá estriba, no obstante, en que en aquellos se ha ido logrando una mejor distribución de la riqueza.
En otro informe de otro organismo internacional, como reafirmación de este aserto, se revela que Panamá se encuentra entre el "selecto" número de países en los que campea la peor distribución de la riqueza. Según tal, un pequeño grupo de poderosos empresarios y sus colaboradores acumulan un altísimo porcentaje de la riqueza, constituyéndose en una clase especial que goza de todas las ventajas y privilegios, mientras que la mayoría de la población se reparte a cuentagotas un magro porcentaje que no alcanza para reducir la pobreza y menos la indigencia. Como ejemplo de un sentimiento de esa inequidad, la minoría dominante pegó etiquetas engomadas (stickers) en automóviles y postes como propaganda inducente (parecida a "indecente") a favor de la propuesta de ampliación del Canal que decían: "sí a mi Canal", como si todo lo del país sólo a ellos les perteneciera.
A pesar de la realidad desnuda, de parte de un sector económico de intereses creados, ha surgido nueva iniciativa para elaborar con el gobierno un plan de desarrollo nacional, para supuestamente contribuir a la erradicación de la indigencia y la pobreza, dentro de los objetivos del milenio enunciados por las Naciones Unidas. Empero, de poco serviría el tal plan si no va de la mano con una política efectiva de combate a la corrupción y, sobre todo, de reforma a la estructura que mantiene la injusta e inequitativa distribución de la riqueza. De otra manera, sólo aparecería como un esfuerzo de dicho sector para asegurarse su participación entre los beneficiarios de las inversiones que haga el Estado con las presuntas rentas de un Canal ampliado.
Pero no sólo si no se incluyen los asuntos anteriores sería la razón por la que sus pretensiones pueden fracasar y frustrarse, sino también porque el Estado no disponga para invertir, adicionalmente en desarrollo, más de la suma anual que como mínimo la ACP se ha comprometido a traspasar de la operación del Canal actual y del ampliado, hasta que se pague el préstamo complementario y su financiamiento después de 20 años o más.
En todo caso, lo feo es que los anhelos del tal sector se conviertan en morisqueta; y, lo malo, es que arrastren en un traumatizante desengaño a una multitud de desempleados esperanzados en escapar de la pobreza con un plan de desarrollo basado en el castillo de arena en que se puede transformar la propuesta de ampliación aprobada.
El autor es ciudadano panameño
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