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Reportaje especial
Panamá, lunes 20 de noviembre de 2006
 

INDEMNIZACIONES.FAMILIARES AFECTADOS POR INTOXICACIÓN ESPERAN RESPUESTAS DEL GOBIERNO.

Tejada ante el reto de ‘reparar el daño’

El ex defensor del Pueblo Juan Antonio Tejada espera tener una repuesta a más tardar en enero de 2007.

Hasta ahora la lista oficial de afectados es de 89, aunque algunos sectores dudan de este número.

LA PRENSA/Víctor Arosemena
Juan Antonio Tejada767393
José Arcia
jarcia@prensa.com

La tarea no será fácil. Definir el monto del dinero que recibirán los familiares de las personas envenenadas con medicamentos producidos en el laboratorios de la Caja de Seguro Social (CSS) es la meta que debe lograr ahora el ex defensor del Pueblo Juan Antonio Tejada.

Lo único claro que tiene Tejada es que para finales de diciembre o enero próximos debe tener en sus manos el cálculo de la indemnización que tendrá que pagar el Estado.

"En este momento es muy difícil hablar de montos", dijo. No es para menos. Hasta ahora van 89 afectados, de los cuales han fallecido 43, según registros oficiales. Pero el número de personas que alegan que sus familiares fueron afectados es mucho mayor según se desprende de denuncias presentadas en los medios de comunicación, en el Ministerio Público y en la Defensoría del Pueblo.

Tejada fue nombrado por el presidente Martín Torrijos como el enlace entre los familiares y el gobierno para acordar, entre otras cosas, el tema de las indemnizaciones. Para llegar a esa definición Tejada será asistido por un equipo de abogados y notarios. Debe hacer los cálculos tomando en cuenta elementos como la afectación a la salud que tuvo la persona y su expectativa de vida.

Es bueno aclarar, dijo Tejada, que ninguna vida humana vale más que otra, pero en todo caso cuando se hace un examen jurídico para los efectos de una indemnización hay componentes que se toman en consideración para reparar el daño.

Dice que las indemnizaciones no se pueden interpretar como un arreglo extrajudicial ante posibles demandas civiles. Sin embargo, señala, la medida busca evitarle el "vía crucis que pasan los ciudadanos cuando demandan al Estado", que nunca termina de pagar ni siquiera cuando es condenado por tribunales internacionales.


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