La falta de regulación en el sector transporte va más allá del servicio público colectivo. Por donde se mire aparecen problemas graves, de fondo y forma, atribuibles a los actores principales: transportistas, concesionarios y conductores. Las investigaciones revelan que hay unos 400 vehículos de transporte escolar rodando por todo el país sin autorización, lo que se traduce en que cada día miles de niños y adolescentes se están jugando la vida, en carreras de ida y de vuelta.

Hace año y medio terminó el plazo para que los busitos se ajustaran a la normativa vigente, pero ante la ausencia absoluta de mano firme, corresponderá a la sociedad exigir que vehículos y conductores cumplan con los requisitos mínimos de ley.

Ojalá y no necesitemos que ocurra otra tragedia para incluir entonces dentro de las prioridades de gobierno al transporte escolar. Mientras, lanzamos la advertencia: tenemos una ley y un reglamento de papel, con derechos inciertos por culpa de este subdesarrollo administrativo que nos cuesta no solo tiempo y dinero, sino que podemos llegar a pagar con la vida.