| análisis. la ética y la dignidad como valores de los servidores públicos.
Política sin responsabilidad
La moción de censura existe teóricamente en Panamá. Sin embargo, no tiene consecuencias reales.
En los países desarrollados los funcionarios renuncian, entre otras razones para preservar su prestigio.
| LA PRENSA /Jihan Rodríguez |
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| reto. Los entes políticos tienen ante sí el desafío de fomentar una cultura de aceptación de las consecuencias éticas de sus actos.763725 |
Lina Vega Abad
lvega@prensa.com
La inmediata dimisión del secretario de Defensa norteamericano, Donald Rumsfeld, tras la derrota electoral de su partido, dejó en evidencia que, a pesar de los evidentes abusos de poder cometidos durante la Presidencia de George W. Bush (recordemos cómo ignoró a la Organización Naciones Unidas en su decisión de ir a la guerra con Irak), el concepto de responsabilidad política goza de buena salud en Estados Unidos.
Mientras eso sucede en el norte del continente, en Panamá, este pequeño país de solo tres millones de habitantes, los responsables políticos -no penales, no civiles, sino políticos- de las trágicas muertes que tienen a los sistemas públicos de salud y transporte en la mira ciudadana, miran hacia otro lado, como si el asunto no fuera con ellos. Y con su actitud, abonan el conocido comentario de que en Panamá, nadie renuncia por dignidad... o por responsabilidad política.
Una característica fundamental de la democracia, es la responsabilidad política de los gobernantes. Es decir, el complejo institucional que permite establecer consecuencias negativas a los gobernantes por el abuso de autoridad, por negligencia o torpeza en la administración pública. Tales consecuencias pueden ir desde el desalojo del poder, hasta la sanción legal correspondiente. En teoría... por lo menos en Panamá.
PRUEBAS
Muchos confunden el concepto de responsabilidad política con el de responsabilidad penal, y con ello, se impide el rendimiento de cuentas que constituye, o debería constituir, el fundamento básico del servicio público.
En el caso panameño, por ejemplo, cualquier proceso contra un funcionario requiere aportar la llamada prueba sumaria, lo que en la práctica ha permitido la generalizada impunidad que permite que un conductor de un autobús pueda manejar a pesar de tener cientos de boletas o que el ministro de Salud, Camilo Alleyne, y el director de la Caja de Seguro Social, René Luciani, no parezcan sentir que tienen una evidente responsabilidad política en lo sucedido con las muertes por intoxicación.
Ya desde Maquiavelo se deja en evidencia el peligro que la impunidad gubernamental supone para la estabilidad y continuidad del Estado. El costo de no aplicar la legislación vigente es que ésta pierda todo su poder regulatorio de las relaciones sociales.
La Constitución panameña establece por ejemplo las mociones de censura contra los ministros, como parte de las competencias de la Asamblea Nacional. Sin embargo, en el remoto caso de que se produzca la citada moción, no tiene consecuencia alguna. El ministro censurado puede seguir en su cargo.
"En el primer mundo se renuncia por razones éticas y por prestigio, porque el prestigio tiene un valor fundamental para poder ejercer el cargo... no se podría ejercer la labor sin prestigio. Nada de eso pasa en Panamá, donde el prestigio no parece ser un valor para los políticos", comentó el docente universitario Jorge Giannareas.
Además, existe la tradición del régimen presidencialista panameño, donde existe una especie de "garantía", de que los gobernantes permanecerán, no importa cuánto se equivoquen. "La legislación vigente plantea una evidente debilidad del control político", añadió Giannareas.
Lo cierto es que por encima de los ideales de justicia, hay razones de estabilidad y de orden para reflexionar seriamente sobre la conveniencia de instaurar un régimen de responsabilidad política eficaz. Y es que detrás de la proposición democrática se encuentran, o deberían encontrar, bases realistas y racionales de acción pública.
(Vea Para prevenir el abuso del poder y sus secuelas)
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