Pese a los esporádicos intentos por depurar el sistema carcelario del país de funcionarios corruptos, las fugas que se han permitido, dados los tintes cinematográficos que han tenido, son una verdadera burla para la sociedad. Por ello, mientras no se introduzcan cambios de fondo en el régimen penitenciario, tales escasas sanciones serán empeños inútiles.

Una sólida política en esta materia obliga a dar un vuelco en por lo menos tres aspectos: transformar las actuales cárceles en centros de alta seguridad y sin el 58% de hacinamiento brutal que hoy tienen; imponer un sistema estricto de incorporación y evaluación del personal; y dignificar las condiciones laborales de los funcionarios, en especial de los custodios, ya que un trabajo allí es casi peor que estar propiamente detenido.

Mientras no se instauren al menos esas condiciones mínimas, evitar fugas será una batalla perdida pues el poder corruptor y seductor del dinero es también inquilino permanente en la cotidianidad carcelaria.