EXPLOSIÓN DEL AUTOBÚS.

Octubre letal

Lo mismo que usted, todavía no logro salir de un estado anímico que combina estupor, dolor e indignación. La muerte súbita, violenta y catastrófica de 18 compatriotas es un suceso inaudito, sólo comparable, en nuestra historia reciente, a la masacre del 9 de enero de 1964. Como si la tragedia de la vía "Martín Sosa" no fuese desgracia suficiente, ocurre en el contexto de lenta mortandad por envenenamiento de algo que –nos han dicho– se llama SIRA y continúa poniendo en grave riesgo la existencia de varios conciudadanos. Todo ello acontece en el marco más amplio de la creciente inseguridad ciudadana, caracterizada por aparatosos accidentes de tránsito, violencia doméstica, brotes de peligrosas enfermedades (dengue, leishmaniasis), homicidios, hambre y privaciones, que de alguna manera afectan a la mayoría del cuerpo social aunque golpean, con mayor dureza, a los marginados.

En el afán de comprender acontecimientos calamitosos, desde los diversos campos de la actividad humana surgen interpretaciones distintas. Algunos alegan, por ejemplo, que hay que aceptar, con resignación, las tragedias aludidas porque son la voluntad de Dios o que los incidentes señalados son el castigo divino por las perversiones de la sociedad moderna. No sé qué opine usted, apreciado lector, pero el Dios en quien yo creo no desea que nadie, ni siquiera su más vehemente detractor, perezca calcinado en una congestionada avenida de la capital istmeña.

Otros buscan causas inmediatas –que falló el compresor del aire acondicionado del autobús infernal, que hubo error humano en la aplicación de controles en el laboratorio de la Caja de Seguro Social– sin hacer un esfuerzo por insertar los hechos en la película completa. Con explicaciones simplistas no llegamos a ninguna parte. Es hora de hacer esfuerzos reales por atar los cabos aparentemente sueltos y construir un esquema amplio que identifique los denominadores comunes de sucesos presuntamente aislados, que nos permita entenderlos y aplicar los correctivos necesarios.

En las horas siguientes a la explosión del autobús, escuché a un personaje del partido gobernante repetir, hasta la saciedad –como si fuera erudita noción extraída de la Summa Theologica o la Summa contra Gentiles– la muletilla seudo tecnocrática aquella de "el modelo colapsó". (A decir verdad era "colaxó" lo que su boca profería, sustentando así –además del derrumbe del sistema de transporte masivo– el descalabro del sistema educativo). Me pregunté si el sujeto de marras tendría una idea, aun mínimamente elaborada, de lo que su declaración implicaba o de las causas del colapso que para aquel individuo acababa de ocurrir, pero cuya sintomatología es desde hace tiempo evidente para cualquiera que posea una mínima dosis de discernimiento.

En nuestro caso, el deterioro de los sistemas de transporte masivo, salud, educación, justicia y demás reflejan la descomposición del sistema político. Usted sabe, apreciado lector, que el sistema político es el conjunto de normas que organizan el funcionamiento del Estado y que el Estado es una entidad jurídica constituida por la colectividad para proveer ciertos bienes que los individuos, por sí solos, no pueden procurarse. Entre dichos bienes están la seguridad individual y social, el desarrollo sostenible y un sentido de pertenencia que satisface importantes necesidades psicológicas o emocionales. (Sobre el particular, hay un excelente texto de los profesores Mansbach, Ferguson y Lampert –The Web of World Politics– publicado en 1976, cuya lectura es de lo más recomendable).

Dicho de otra manera, hay una desconexión entre los fines del Estado panameño y el sistema político instituido para regirlo. El sistema político tiene su origen en la dictadura militar. Fue impuesto por partidarios del gobierno autoritario, pero a su desarrollo han concurrido, desde 1983 y con el mayor entusiasmo, pretendidos afiliados al civilismo. Un ejemplo reciente de ese concubinato escandaloso es la oración fúnebre, totalmente inapropiada, pronunciada por un diputado panameñista en las exequias de un destacado líder del partido gobernante.

La expresión más representativa del sistema político es la partidocracia, que es propiamente una oligarquía, compuesta por las cúpulas de los partidos reconocidos, en asocio de la dirigencia de los principales gremios y algunos elementos de la llamada "sociedad civil". (Usted recuerda bien el significado de "oligarquía": gobierno de los pocos para su propio beneficio). Los atributos principales de la partidocracia panameña son la exclusión y la corrupción. La partidocracia, por un lado, frena la participación ciudadana (excepto en las folclóricas votaciones que el sector dominante necesita para acreditar, en el extranjero, el supuesto carácter democrático del Estado panameño). Por otro lado, se apropia de los recursos del Estado en beneficio de sus integrantes. Naturalmente, semejante sistema genera relaciones sociales, códigos de conducta y normas de interacción sui generis, que conducen a degeneraciones como la mafia del transporte o el imperio de la coima en el suministro de insumos (incluidos los medicamentos) a los servicios públicos. Aunque la augusta cámara o el Ministerio Público no la hayan descifrado, no hay que ser superdotado para entender la relación entre esas degeneraciones y las tragedias del octubre letal que acaba de concluir.

Podríamos seguir conversando sobre estos temas, pero ni usted ni yo estamos para más abstracciones en los albores del Mes de la Patria. (Hoy, por cierto, conmemoraríamos el Día del Niño, si una que manda sin ser elegida no hubiese dispuesto, arbitrariamente, cambiar la fecha de esa celebración tan apreciada del pueblo panameño). Quiera Dios que el recuerdo de la fundación del Estado nos inspire un compromiso sincero con la democratización y el adecentamiento del sistema político, a fin de que tragedias como las de octubre, producto de la negligencia y la corrupción, no se repitan.

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