Claro que son necesarias, pero también son tardías, las medidas para controlar los desafueros del transporte público. Por años las autoridades han ignorado las irregularidades de los transportistas y no han tenido las agallas ni las ganas de actuar.

En 1998, Sinaproc informó que buses similares al calcinado no debían ser utilizados para transporte colectivo, pero se desconoció la advertencia. Hasta ayer, salvo el decomiso burlesco y esporádico de troneras y bocinas, poco se había hecho para exigir el cumplimiento de la legislación vigente. Mientras el gremio transportista tenga sus tentáculos tan enterrados en los círculos de poder político se dará el lujo de hacer lo que le dé la gana y desafiar a la sociedad, como lo hizo ayer, al parar vehículos y colapsar la capital.

Lo triste es que el Gobierno está tan debilitado que salta a la vista la impotencia para frenar estos exabruptos y garantizar el bien común, como es su obligación. Por eso, al final, tampoco ofrece soluciones oportunas, mucho menos duraderas. Como siempre, le toca a los más necesitados pagar los platos rotos.