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Reportaje especial
Panamá, jueves 28 de septiembre de 2006
 

ASISTENCIA JUDICIAL.La institución no estaba acreditada.

Diplomas de academia colombiana son falsos

No se descarta que se le formulen cargos de falsedad al director de esta academia Fabio Lozada Orozco.

40 funcionarios de la PTJ pagaron entre 400 y 800 dólares por los diplomas que no tienen validez.

LA PRENSA/Bernardino Freire
Fabio Lozada Orozco742409
José Otero
jotero@prensa.com

Los diplomas de idoneidad que fueron otorgados a funcionarios de la Policía Técnica Judicial (PTJ) por la Academia Colombiana de Investigación Judicial Criminal y Criminalística son falsos.

Así lo informó ayer el procurador de la Nación encargado, Rigoberto González, tras recibir asistencia judicial de sus homólogos colombianos.

Se acreditó que esta academia no cuenta con el aval de las autoridades competentes de Colombia para dictar este tipo de adiestramiento especializado, ni en ese país ni mucho menos en el extranjero, destacó González.

Agregó que este documento ratifica los informes generados por el Ministerio de Educación de Panamá, que permitieron conocer que esta institución no había cumplido con las normas legales para operar en el país.

El Ministerio de Comercio e Industrias de Panamá también había certificado que esta academia colombiana no tenía el permiso legal para laborar en el país, recalcó. "Por consiguiente los documentos que entregó esta academia en Panamá no tienen ninguna validez académica", sostuvo el procurador encargado.

Dijo que luego de acreditarse el hecho punible se establecerá quienes son sus posibles responsables a los cuales se les formularán cargos penales de falsedad. No descartó en esta ocasión llamar a declarar al director de dicha academia, el colombiano Fabio Lozada Orozco.

Según las investigaciones, unos 40 funcionarios de la PTJ recibieron estos cursos especializados y pagaron por ellos a la entidad colombiana entre 400 y 800 dólares.

Estas investigaciones se iniciaron el pasado 11 de agosto cuando la procuradora Ana Matilde Gómez ordenó una inspección a los archivos de la Policía Técnica Judicial para conocer todos los detalles de estos cursos.


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