| TOCUMEN. AUTORIDADES REALIZAN INSPECCIÓN EN PABELLONES.
Hacinamiento y violencia en centro de menores
De 95 adolescentes presos en el Centro de Cumplimiento de Tocumen, solo 14 son menores de edad.
| LA PRENSA/Víctor Arosemena |
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| CONDICIONES. Los menores detenidos dijeron ser víctimas de violentas requisas.741357 |
Rafael Luna Noguera
rluna@prensa.com
Los insistentes golpes contra los barrotes y los gritos cada vez más histéricos daban cuenta de que los adolescentes no querían dejar pasar la oportunidad. "Justicia, fuga o muerte", decían casi al unísono, dirigiéndose a los repentinos visitantes.
Y es que ayer no fue un día normal en el Centro de Cumplimiento de Tocumen, ya que autoridades de la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Nacional y de la Defensoría del Pueblo decidieron constatar in situ las muchas denuncias que recaen sobre ese recinto del Ministerio de Desarrollo Social.
"Nos maltratan. Se meten en nuestras celdas y nos roban, nos rompen las pertenencias o nos mojan. No nos dejan salir al patio; los olores son insoportables; hay demasiado calor; nos quitaron los televisores", denunció, casi sin respirar, uno de los presos.
Otro, en una celda contigua, agregó: "las aguas negras se rebosan en los baños, hay gusanos y basura por todas partes".
La realidad
Frente a estas denuncias, el director del centro, César Díaz, reconoció que hay problemas graves de infraestructura, pero aclaró que no son ciertas las denuncias sobre maltratos.
En ese sentido, dijo que la gran mayoría de los incidentes que ocurren en los cuatro pabellones o fases del centro son motorizados por los mismos menores, cuyo grado de violencia, advirtió, supera incluso el de los adultos.
De hecho, cifras de la misma dirección indican que actualmente hay 95 jóvenes condenados, pero de ese total solo 14 son menores de 18 años.
El resto ya cumplió la mayoría de edad, pero la Ley 40 de 1999 de responsabilidad penal del menor les permite permanecer en esas instalaciones hasta los 21 años.
Debería haber por lo menos 125 muchachos presos, pero 30 se han fugado durante este año, ocho de ellos desde que Díaz asumió la dirección, el jueves pasado. La capacidad máxima del centro es de 72 jóvenes.
"Estamos conscientes de que hay muchos problemas, pero hacemos esfuerzos para resolverlos", acotó la directora nacional del Instituto de Estudios Interdisciplinarios del Ministerio de Desarrollo, Melva Ramírez.
Precisó, en ese orden de ideas, que la Agencia de Cooperación Española les está ayudando con la implementación de programas educativos y vocacionales, que en esencia buscan la resocialización de los menores presos.
Por otro lado, a través del Programa de Seguridad Integral recibirán tres de los 25 millones de dólares aportados por el Banco Interamericano de Desarrollo, los cuales serán destinados a la construcción de nuevas instalaciones.
Problema de fondo
Más allá de las denuncias de los internos, para la defensora del Pueblo, Mónica Pérez, el verdadero problema radica en que no se cumple con los postulados de la Ley 40 de 1999 y por ende no se educa ni resocializa a los infractores.
"Es imperativo que se busquen los recursos financieros y humanos necesarios para atender las necesidades de estos muchachos, cuyas condiciones son verdaderamente preocupantes", señaló.
Y precisamente en la búsqueda de recursos se comprometió el presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea, Rogelio Paredes. "Estamos frente a un sistema que requiere mucho apoyo y que sin este no lograremos la misión de resocializar", dijo.
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