DESCONFIANZA SOBRE LOS PROPÓSITOS OFICIALES.

Bolivia en emergencia

Bolivia pasa por una crítica coyuntura de inestabilidad, riesgos públicos, distanciamiento creciente entre partidos, grupos étnicos, sectores sociales y regiones. Y, como ominosa posibilidad de desenlace, la violencia o el autoritarismo.

Esta vez, al contrario de otras coyunturas de incertidumbre, desencuentros y enfrentamientos, cuando diversas causas se confundían entre sí, el origen del conflicto es claro: la arbitrariedad con que el presidente Evo Morales y su partido político, Movimiento al Socialismo (MAS), han pretendido violar la normativa que dio origen a la Asamblea Nacional Constituyente. El propósito: imponer su cuestionable modelo para "refundar" el Estado a contrapelo de un gran sector de los ciudadanos y de las prácticas democráticas.

Hace pocos días, el ministro de Educación, Félix Patzi, delineó claramente hacia dónde conduciría esa ruta: "Desmontar toda la estructura de todas las instituciones liberales", dijo con inflamada retórica. Y el vicepresidente, Álvaro García, encendió la peligrosa mecha del descontrol, con un virtual llamado a los indígenas para que tomen las armas en "defensa" del Gobierno.

La actual situación de conflicto es muy distinta a la que prevaleció durante las elecciones para la Constituyente, realizadas el 2 de julio de forma tranquila y transparente. En ellas, el oficialismo logró elegir a 137 de los 255 asambleístas; el principal grupo de oposición, Poder Democrático y Social (Podemos), obtuvo 60, y el resto se distribuyó entre varios partidos, la mayoría opositores.

Para Morales, fue un éxito relativo. A falta de los dos tercios establecidos por la ley de convocatoria a los comicios para que la Asamblea tome sus decisiones, tanto él como otros funcionarios de su gobierno y varios representantes del MAS, parecieron entender que no podrían imponerse sobre los demás. Adoptaron entonces una posición conciliadora y abierta al diálogo, que produjo esperanzas de que el proceso de "refundación" boliviana se hiciera con una seria búsqueda de consensos, respeto a diferentes sectores y apego a la democracia.

La historia más reciente, sin embargo, ha sido otra. Hacia finales de agosto, por simple mayoría, los asambleístas del MAS y sus aliados desconocieron las condiciones de la ley de convocatoria, y adoptaron, por simple mayoría, dos decisiones de enorme trascendencia: por un lado, declarar a la Constituyente como "originaria", es decir, con poderes ilimitados, incluso sobre el actual Congreso y el Poder Judicial; por otro, reducir de dos tercios a la mitad más uno el número de votos necesarios para aprobar sus artículos en comisión y plenario, y mantener la mayoría calificada únicamente para el texto completo, ya "cocinado" por el oficialismo.

Resulta totalmente lógico, y hasta necesario, el rechazo frontal a esa decisión claramente arbitraria. Porque, además de que implica una alteración ilegítima de las reglas del juego, muestra una clara orientación autoritaria, que es necesario frenar lo antes posible.

La reacción más enérgica fue el paro realizado hace dos semanas en las regiones de Beni, Pando, Santa Cruz y Tajira, las más dinámicas del país, que estuvo precedido, días antes, por un serio choque en el seno de la Constituyente.

Frente a estos hechos, el Gobierno, en lugar de buscar salidas adecuadas y democráticas, se ha dedicado a denunciar inexistentes "conspiraciones"; peor aún, a movilizar sectores étnicos y sociales afines, para que se enfrenten a sus adversarios, y a incitarlos a la violencia. Esta última estrategia implica, ni más ni menos, que sembrar las semillas para una confrontación de grandes proporciones, que podría ser el detonante de cosas peores.

En medio de tal crispación, que conduce a una justificada desconfianza sobre los propósitos oficiales, ¿cómo creer en las propuestas formuladas por el MAS en el seno de la Constituyente, para resolver su parálisis? Por esto, la dura posición de Podemos y las cuatro regiones se ha mantenido.

Si se lograra un reflujo hacia la democracia, la legalidad, la prudencia oficial y el respeto a la voluntad popular, habría esperanzas de que, tras esta difícil coyuntura, Bolivia pueda enrumbarse hacia un rediseño institucional más abierto, inclusivo y que responda a un verdadero acuerdo nacional. De lo contrario, la dictadura, el caos y hasta la guerra civil encabezarán la lista de opciones.

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