| PROYECTO.
Imprescindibles: confianza y credibilidad
Rubén Carles
Con fecha 3 de mayo de 2006 fue publicado en La Prensa y posteriormente en el Panamá América, un documento en el cual formulamos 35 preguntas y comentarios sobre algunos temas vinculados al proyecto de ampliación del Canal. Una de esas propuestas era crear un organismo que "conozca en forma especial y particular todo el proceso de la ampliación del Canal. Así podríamos tener fundamento legal para lograr su independencia y facultad fiscalizadora, asegurando transparencia y rendición de cuentas". Esta propuesta no materializó.
Después, el Gobierno Nacional incluyó en la Ley 28 de 2006, "Que aprueba la propuesta de la construcción del tercer juego de esclusas ...." y su artículo 6 que ordena "se establecerá una Comisión Ad Hoc..." que "reciban informes y reportes sobre el estado del proceso de contratación y ejecución del proyecto, los analicen, evalúen y formulen las observaciones o recomendaciones que estimen pertinentes".
En esencia, se trata de que los representantes de sectores señalados en la ley, como integrantes de dicha comisión, puedan ejercer funciones de fiscalización.
La razón de esta disposición gubernamental incluida en la Ley 28 es muy clara. Se trata de ofrecer a la opinión pública panameña una respuesta a algunas de las dudas y objeciones que el público formula y exige al proyecto de ampliación, las cuales no son de carácter técnico, ni se refieren a la naturaleza fundamental de dicho proyecto. Esos argumentos, insinuaciones, dudas y objeciones, tienen, en gran parte, raíces emocionales y políticas. Pero en muchos casos también reflejan la aspiración de importantes sectores, que exigen que se garantice una severa fiscalización y rendición de cuentas: se extienda posteriormente al uso y empleo de los fondos que resulten de la vigencia de ese proyecto. La cosa está clara. Con o sin razón, el pueblo panameño exige cuentas: antes, y después.
La Ley 28 de 2006 -ya mencionada- no establece criterios ni fechas ni mecanismos para la trascendental designación de los miembros de la comisión. Ellos deberían ser representantes de selección, que inspiren verdadera, profunda confianza, elegidos por sus entidades respectivas. Esa comisión, suponemos, adoptará su reglamento y forma de gobierno. Es conveniente que busquen asesores y consultores para el éxito de su delicada misión.
En atención a la seriedad de las objeciones que algunos panameños -quizás sin fundamento- presentan, consideramos que el Gobierno Nacional debería demostrar su firme voluntad y buen propósito de garantizar transparencia y rendición, instando la designación de los miembros de la Comisión Ad-Hoc (fiscalizadora), ahora mismo y, ciertamente, antes del referéndum.
Con ello desaparecerían dudas, se ganarían las muy necesitadas confianza y credibilidad. Y así, los panameños podríamos ir al referéndum a votar por los méritos del proyecto, alejados de dudas, insinuaciones malévolas y cuestionamientos políticos y emotivos.
Estoy seguro que en Panamá podría constituirse -de acuerdo a la ley- ese grupo de ciudadanos que aporten respeto, credibilidad y confianza probadas. Así se eliminaría el estribillo: "se van a robar mi plata".
El autor fue contralor general de la República
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