ARGENTINA.

Inseguridad: cambiar la política

En cualquier país cuyas instituciones se caractericen por un funcionamiento, en la mejor de las hipótesis espasmódico, como en la Argentina, el peso de algunos actores políticos está sujeto a factores imponderables. La cuestión de la inseguridad urbana, común a todos los países de la región, posee la virtud de potenciar los peores aspectos de dicho problema. No es de extrañar entonces, que la Argentina esté en camino a convertirse en un caso paradigmático en la materia.

En el contexto del profundo deterioro institucional fomentado y acelerado por el decisionismo del gobierno Kirchner, la crisis de representatividad política está alcanzando niveles que amenazan las bases mismas del funcionamiento del sistema democrático. Juan Carlos Blumberg, un pequeño empresario cuyo hijo fue secuestrado y posteriormente asesinado a comienzos del 2004, se transformó en un actor decisivo de la caótica e incontrolable "política" nacional de seguridad. A una primera e impactante marcha apoyada y magnificada por los medios de comunicación en abril de 2004, le sucedieron tres marchas más, que concluyeron con una reducida y deshilachada marcha en junio de 2005. No pocos fueron los que pensaron que dicho fenómeno social estaba destinado a extinguirse. Sin embargo, durante dicho arco de tiempo amplios sectores de las clases medias y altas motorizaron una cruzada legislativa de carácter represivo, que incrementó irracionalmente las penas de la mayor parte de los delitos contra la vida, la propiedad y la libertad de las personas. En una perversa división de tareas, este atípico actor social definió la agenda de reformas, mientras el bloque parlamentario de gobierno proporcionaba los votos para consumarla. El endurecimiento de toda la legislación penal, se propuso por unos y se aceptó por otros, como la panacea que resolvería todos los problemas de la inseguridad urbana.

A más de un año de estos acontecimientos, los sectores movilizados por Blumberg, volvieron a marchar en estos días, en un clima político y social preocupantemente enrarecido. Ningún componente de un errático oportunismo, quedó afuera de la reacción del Gobierno en estos últimos tiempos. Este variado menú, contempló desde el apoyo financiero solapado y los intentos de cooptación política mediante el ofrecimiento de un lugar bajo el sol oficial, hasta una indiferencia rápidamente transmutada en una creciente agresividad, a cargo de funcionarios menores, pero funcionarios al fin, del Gobierno nacional.

En todo caso, quien comenzó como dolido padre de una víctima de un delito atroz, se está consolidando en estos días, como referente político esencial de una derecha que no termina de encontrar su rumbo, precisamente por no encontrar sus límites. Decida o no lanzarse formalmente al ruedo político, el fenómeno Blumberg se encuentra hoy sólidamente instalado, en una sociedad donde a la explícita y ostensiva fragilidad institucional de la oposición, se suma una implícita e imprevisible fragilidad institucional del Gobierno.

En forma similar a lo que sucede con la agenda económica del neoliberalismo, donde frente a cada fracaso estrepitoso no falta quien proponga redoblar la apuesta inicial que condujo al desastre, no escasearán tampoco aquí quienes intenten atribuir en este caso la persistencia de la inseguridad al hecho de que las reformas represivas se han quedado a medio camino y resulta necesario profundizarlas.

Aunque el desafío es enorme, todavía se está a tiempo de encontrar las respuestas adecuadas. Pero para ello, resulta imprescindible, aunque no suficiente, encontrar las preguntas adecuadas.

Cómo devolver la racionalidad perdida a las legítimas demandas de seguridad que expresa una sociedad, resulte tal vez el primero y más importante de una serie de interrogantes.

Para el Gobierno, cambiar la política de seguridad exija tal vez, a esta altura, cambiar la política.

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