Polémica tras la Ley de Justicia y Paz
| EFE/E. Bustamante |
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| PROCESO. Más de 30 mil combatientes de las guerrillas y los paramilitares se han desarmado, según el Gobierno colombiano.729414 |
Sara Gallardo M.
Especial para La Prensa
>>> ¿Qué es la Ley de Justicia y Paz?
Es una norma impulsada por el gobierno de Álvaro Uribe y aprobada por el Congreso como marco jurídico para el proceso de desmovilización de grupos armados irregulares en Colombia.
Fue sancionada el 25 de julio de 2005 y tiene como objetivo facilitar los procesos de paz y la reincorporación individual o colectiva a la vida civil de combatientes, además de garantizar los derechos de las víctimas del conflicto armado.
Su alcance con los desmovilizados de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), el principal grupo paramilitar, se ha convertido en un difícil y controvertido proceso.
>>> ¿En qué se basan las duras críticas que ha recibido la norma?
Después de sancionada, pasó a la Corte Constitucional, cuyo fallo limitó los beneficios dados a los ex paramilitares. Advertía que la reparación a las víctimas deberían hacerla con bienes lícitos y no solo ilícitos.
Precisamente, en torno a la justicia, la verdad y la reparación a las víctimas han girado las principales críticas. Sumadas a las inquietudes sobre la incorporación a las filas paramilitares de narcotraficantes puros, que van tras los beneficios de la ley.
>>> ¿En qué estado se encuentra el proceso de la Ley de Justicia y Paz?
Esta semana, el Gobierno expidió el Decreto 2898 del 29 de agosto de 2006 que exige a los dos mil 695 ex paramilitares responsables de crímenes atroces, reportarse ante los fiscales y ratificar su deseo de acogerse a la ley, lo que da vía libre a las investigaciones y juicios. Así mismo, llevó a debate público a través de las páginas de internet de la Presidencia, otros dos proyectos de decreto que reglamentan la norma para que la ciudadanía opine al respecto. Tales normas tienen diferencias con un fallo de la Corte Constitucional.
>>> ¿Qué diferencias han surgido tras el fallo de la Corte?
Son las mismas sobre las cuales se ha venido desarrollando la polémica.
Los proyectos de decreto contemplan que los paramilitares reparen a las víctimas con sus bienes ilícitos y el tiempo que ellos han estado en las zonas de concentración (donde estuvieron mientras negociaban con el Gobierno) se descuenta de las penas, entre las principales.
Otras inquietudes apuntan a si tales normas les restituyen el estatus de delincuentes políticos.
>>> ¿Quiénes serían los beneficiarios de la ley?
Los 30 mil 944 desmovilizados del país, cantidad que maneja la Oficina del Alto Comisionado para la Paz y el Programa de Atención Humanitaria al Desmovilizado.
>>> ¿Qué sucede con los paramilitares que están en las cárceles, privados de la libertad en el momento en que sus compañeros se desmovilizaban?
Son dos mil 415 paramilitares y las autoridades judiciales deben determinar si efectivamente pertenecen al grupo de beneficiados con la Ley de Justicia y Paz.
>>> ¿Cuántas masacres han cometido las AUC y cuántas víctimas han dejado?
Según los datos del Observatorio Presidencial de los Derechos Humanos, desde 1993 y hasta el año 2006, las AUC han perpetrado mil 517 masacres, dejando un saldo de ocho mil 386 víctimas.
>>> ¿Está preparada la infraestructura judicial para asumir la aplicación de la Ley de Justicia y Paz?
Para juzgar a los ex combatientes, vigilar el cumplimiento de las penas y las obligaciones impuestas a los condenados, se requieren 16 magistrados. Cuatro en cada una de las salas anexadas a los Tribunales Superiores de Bogotá, Medellín, Montería y Villavicencio, cada una con un costo superior a los 630 mil dólares.
La Corte Suprema de Justicia alertó sobre la crisis y dijo que era imposible cumplir con la norma. Advirtió que por falta de magistrados, infraestructura y recursos no podrá resolver los procesos de última instancia contra los paramilitares desmovilizados, que se acojan a los beneficios de la ley.
>>> ¿Cuáles medidas se tomarán para prevenir la crisis?
El Gobierno, la Procuraduría y la Fiscalía tendrán que resolver si se aumenta el número de magistrados y el presupuesto para que la Corte pueda tramitar los procesos en contra de los paramilitares desmovilizados.
>>> ¿Qué implicaciones tienen para el país los procesos de paz, más allá de los aspectos puramente jurídicos?
Además de las acciones del Gobierno, es necesaria la participación del sector empresarial y de la sociedad en general para que los desmovilizados acogidos a la ley encuentren apoyo en sus procesos de resocialización. Cerca del 77% de los desmovilizados son analfabetas funcionales.
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