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Reportaje especial
Panamá, viernes 1 de septiembre de 2006
 

Conflicto.Polémica por bienes para reparar a víctimas y descuentos en penas.

Decretos para reglamentar leyes

Se exige a los paramilitares responsables de delitos atroces, reportarse y ratificar que se acogen a la ley.

Los colombianos podrán expresar sus observaciones en las páginas ‘web’ de la Presidencia.

EFE/Carlos Orte
PAZ. Una niña colombiana sostiene una bandera donde promueve la paz y rechaza la violencia en el país. 729730
Sara Gallardo M.
Especial para La Prensa

Desde el pasado martes el Gobierno Nacional publicó en las páginas de internet de la Presidencia, los borradores de los decretos que reglamentan la Ley de Justicia y Paz y la Ley de Orden Público, en una nueva etapa dentro del proceso con los paramilitares.

La idea es que la ciudadanía conozca el contenido de esos documentos y opine al respecto, para enriquecer la reglamentación que será expedida en los próximos días.

El buzón estará abierto hasta el domingo 3 de septiembre. A las 6:00 p.m., el Gobiernorecogerá las observaciones formuladas.

"La publicación demuestra claramente lo que ha sido la vocación de este gobierno que es dar la cara, ser transparente. Creo que es la primera vez que se somete un decreto a un escrutinio público como este", manifestó el vicepresidente Francisco Santos Calderón y convocó a la ciudadanía para que participe.

Uno de tales documentos exige a los dos mil 695 ex paramilitares responsables de crímenes atroces que se presenten ante los fiscales y ratifiquen su decisión de acogerse a la Ley de Justicia y Paz.

Comienza así la investigación formal dentro de un proceso nada fácil para el país, por todas las aristas que lo rodean.

En el contenido de los otros dos proyectos de decreto, llaman la atención los aspectos que difieren con el fallo de la Corte Constitucional, sobre los límites a los beneficios dados a los ex ‘paras’ en la Ley de Justicia y Paz.

Mientras la Corte advierte que ellos deben reparar a las víctimas con bienes lícitos e ilícitos, el texto del Gobierno contempla solo los ilícitos; y, en lo que se refiere al tiempo para las penas, el decreto da valor a los 18 meses que permanecieron en zonas de concentración, en contravía de la Corte.

"En cuanto a los bienes lícitos, el decreto reglamentario dice claramente que si los ilícitos que deben ser entregados como requisito de elegibilidad no son suficientes para reparar a las víctimas, tienen que entregar también los bienes lícitos, adquiridos lícitamente", expresó el nuevo ministro de Interior y de Justicia, Carlos Holguín Sardi.

Otra preocupación tiene que ver con el filtro para algunos narcotraficantes. De acuerdo con Holguín Sardi, "un primer paso para que haya total transparencia, es que anunciamos al país cuántos de los posibles beneficiarios de la Ley de Justicia y Paz están solicitados en extradición; un total de 24. Dieciséis de los cuales están en los listados y ocho de ellos están en centros de reclusión".

Y el ministro agregó: "de este universo de 24, hay cuatro a los que ya el Gobierno les ha suspendido la orden de extradición, con varios argumentos. A algunos de ellos por ser jefes de las autodefensas, sentados en la mesa, con la condición de miembros representantes, como el señor Salvatore Mancuso o Diego Fernando Murillo Bejarano.


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