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Reportaje especial
Panamá, jueves 31 de agosto de 2006
 

AUMENTA NÚMERO DE HECHOS VIOLENTOS.

El costo social de la inseguridad

Luis H. Vega Tejada

Soy de la opinión de que si existe un tema en el que todos los panameños estamos de acuerdo es que vivimos en un país donde los hechos violentos han aumentado sostenidamente tanto en número como en la gravedad de éstos; donde la inseguridad en la que estamos sumidos es francamente alarmante y en la que quienes convivimos día a día nos abarca un sentido de indefensión ciudadana. Desconocer estos hechos sería sencillamente sustraerse de la realidad nacional o ser el peor ciego que no quiere ver.

Una de las promesas de campaña del entonces candidato presidencial era precisamente un tema que aún presiona e impacta negativamente la conciencia social de los panameños: más seguridad.

Pero, ¿acaso nos sentimos más seguros? De ser así, permítame manifestarle mi admiración por la posición privilegiada que ocupa en esta nación.

Y es que, sin ser experto en el tema, tengo la impresión de que, a pesar de que las autoridades afirman que han dotado de más equipo rodante, armamento cada vez más costoso y sofisticado a los estamentos de seguridad (intentando estar al nivel del crimen organizado), endurecido las penas contra los infractores de las leyes, aumentado el pie de fuerza y no sé qué otras iniciativas más, parece que todos estos esfuerzos y sacrificios económicos no rinden los frutos que la ciudadanía aspira. ¿Usted qué opina?

Precisamente es este el aspecto que nos ocupa. ¿A cuánto asciende el aporte en dinero producto del pago de impuestos de quienes vivimos en Panamá que debemos enfrentar (y no solamente el Gobierno) producto de esta inseguridad ciudadana, además de las otras restricciones que esta situación nos impone de manera forzada?

No me refiero solamente al presupuesto destinado a la Fuerza Pública, Órgano Judicial (que juzga a los delincuentes), Ministerio Público (que investiga a éstos) y demás instituciones del sector, sino también a lo que destinan (léase gastan) a las instalaciones de salud pública en la atención de urgencias médicas derivadas de hechos violentos que día a día sufren víctimas de los delitos, quienes los cometen y que en ocasiones arrastran, además, a los agentes del orden público; ¿o es que esto no se presenta como consecuencia nociva del fracaso en la intención gubernamental de ofrecernos más seguridad?

Pero aún hay más. ¿Quién le repone a las víctimas los bienes, valores y pertenencias que les roban los delincuentes por, entre otras cosas, la poca vigilancia policial? ¿Y qué decir del tiempo que "perdemos" al poner denuncias que nunca se resuelven, después de tiempo y paciencia de espera? Peor aún, ¿quién le repone al afectado y sus familias la improductividad que se da como consecuencia de incapacidades físicas temporales que se suscitan al ser víctima de la violencia, pero que se ve mucho más agravada cuando quedan secuelas físicas permanentes y huellas emocionales que son en muchos casos, tan o más difíciles de borrar y que persiguen a quienes han tenido la desdicha de padecerlo? ¿Cómo le explica la sociedad y sus autoridades a los familiares la muerte de un ser querido producto de una promesa de dar más seguridad que aún no se cumple?

Si a esto le sumamos un desmejoramiento en la calidad de vida (casas que parecen jaulas cuyos prisioneros deben estar desde muy temprano en casa), aumento en los costos de los productos de consumo que se elevan porque los expendedores deben contratar cada vez más medidas de vigilancia como video cámaras, escoltas y custodios, entonces nos preguntamos: ¿cuánto nos cuesta a la sociedad el estado de inseguridad en que estamos sumidos?

Es un tema que podemos abordar desde muchas perspectivas; sin embargo, propicio la oportunidad para la reflexión ciudadana a la convivencia pacífica y a la tolerancia para que no vuelvan a presentarse situaciones como la ocurrida hace pocos días cuando un simple malentendido entre unos infantes estuvo a punto de culminar con un duelo a tiros de los progenitores. Dios ilumine a las autoridades para cumplan con su promesa de más seguridad, ya que el país lo necesita con urgencia.

El autor es secretario ejecutivo de salud del Partido Panameñista

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