Poder expresar la inconformidad sin temor a arbitrarias represalias, es una de las bendiciones de la democracia. Pero manifestar el desacuerdo conlleva responsabilidades, para no vulnerar los derechos de terceros ajenos a las causas por las que se protesta o reclama.

Los reiterados cierres de calles durante los últimos días, tanto en Panamá como en Colón, son muestra de un irrespeto extremo a la necesidad del conciudadano. Solo han causado -además de los perjuicios económicos- desesperantes tranques, pérdida irreparable de tiempo, productividad, competitividad y una irritabilidad entre los afectados que tan solo agrega más tensión.

Miles de personas se han visto perjudicadas por estos movimientos -en muchos casos legítimos- pero que pierden apoyo popular al convertirse en freno a la libre circulación. Nos toca contemplar inermes cómo el desasosiego crece por la ineficacia de las autoridades para controlar los problemas cuando apenas germinan, mientras anda paralela una actitud despótica de quienes se toman el espacio público negando los derechos de la sociedad entera.

La época del autoritarismo pasó y ahora el diálogo y la concertación tienen que imperar. Sí a la protesta, pero no a aquella que pisotea los derechos de los demás. Hoy, no todas las formas de lucha son válidas.