| DELITO CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.
Sigue sin decisión denuncia contra jueza Cárdenas
José Somarriba Hernández
jsomarriba@prensa.com
Pese a las declaraciones de cuatro funcionarias del Juzgado Décimo de Circuito Penal de Panamá, quienes coinciden en que la jueza Zaida Cárdenas se apropiaba de útiles de oficina y materiales de aseo de la institución, aún no se sabe en qué ha quedado el proceso disciplinario y la investigación penal en su contra.
Las declaraciones juradas de las funcionarias Daysi Alvarado, Markelda López, Carmen De León y Lidia Olivero concuerdan en que Cárdenas trasladaba desde el despacho hasta su auto, en sobres amarillos, papel toalla e higiénico, abrehuecos, tijeras, engrapadoras y otros materiales.
En su declaración, De León indica que la relación de Cárdenas con los demás funcionarios era "difícil". "Si alguien cometía un error, se alteraba, gritaba, tiraba las cosas al piso. Quien estaba en el despacho, se daba cuenta".
El proceso disciplinario lo lleva el magistrado del Segundo Tribunal Superior, Luis Mario Carrasco, mientras que el expediente penal por peculado, la fiscal segunda Anticorrupción, Maribel Cornejo.
Sobre el proceso disciplinario, la encargada de la oficina de prensa del Órgano Judicial, María Victoria González, dijo que "el período de pruebas fue abierto en mayo, tiene dos tomos y 620 fojas. Es un proceso muy extenso y se tuvo que tomar declaración a todo el personal. Está por resolverse".
Por otro lado, Justiniano Cárdenas, padre y abogado de la jueza, advirtió que "tengan cuidado con lo que publican, porque si le hacen daño a mi hija, voy a proceder legalmente".
Añadió que "la denunciante, Ladys Castro, miente al igual que las amigas íntimas de ella, que declararon eso en la fiscalía (...) cuando les repregunté se contradijeron".
La querella contra Cárdenas fue presentada en septiembre de 2005 por Castro, quien laboró por cinco años en ese juzgado e interpuso una denuncia contra la fiscal Cornejo, porque a su juicio, siendo parte del proceso, no se le permitía participar en las diligencias.
La procuradora , Ana Matilde Gómez, acogió la queja de Castro y ordenó abrir un proceso administrativo a la fiscal segunda Anticorrupción.
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