| ASESINATO.CASO CARLOS CASTAÑO.
Roldán, dispuesto a entregar cadáver
Vicente Castaño ordenó la muerte de su hermano con la autorización de otros jefes de escuadrones.
25 paramilitares se han entregado a la justicia y están a la espera de rendir declaración sobre sus delitos.
| AP/ Luis Benavides |
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| CÓMPLICES. Vicente Castaño, derecha, y Jesús Ignacio Roldán aparecen juntos en una fotografía tomada el 14 de julio de 2006 en Copacabana. 728485 |
BOGOTÁ, Colombia/REUTERS
El sometido paramilitar que confesó el asesinato del jefe de esos escuadrones de ultraderecha, Carlos Castaño, está dispuesto a revelar el sitio en donde sepultó el cuerpo, lo que esclarecería uno de los crímenes más enigmáticos del conflicto interno de Colombia.
El alto comisionado para la paz, Luis Carlos Restrepo, dijo ayer que Jesús Ignacio Roldán, alias "Monoleche", le comunicó personalmente que está dispuesto a revelar el sitio en donde sepultó el cadáver de Castaño, después de que lo mató en abril de 2004.
"Me ha expresado su disposición para entregar los restos del señor Carlos Castaño, darle a las autoridades las coordenadas pertinentes para que se puedan encontrar estos restos y realizar la exhumación", aseguró Restrepo en una conferencia de prensa.
"Ha solicitado igualmente que esta diligencia sea acompañada por algún organismo internacional y por la oficina de paz, pero esa es una decisión que él nos ha expresado de manera directa en relación con los restos mortales del señor Carlos Castaño", agregó.
La Fiscalía General de Colombia acusó la semana pasada a Vicente Castaño de haberle ordenado a Monoleche asesinar a su hermano Carlos.
El organismo acusador ordenó capturar a Vicente, a Roldán y a otras seis personas.
De acuerdo con la investigación, Vicente ordenó la muerte de su propio hermano con la autorización de otros jefes paramilitares que temían que el extinto cabecilla de los escuadrones se entregará a Estados Unidos y delatará sus actividades de narcotráfico.
AUTOR INTELECTUAL
Vicente se encuentra prófugo pese a que el presidente Álvaro Uribe exigió a los jefes paramilitares que debían entregarse, ser confinados en un sitio de reclusión, someterse a la justicia, y pagar entre cinco y ocho años de cárcel, según la negociación de paz que se inició en 2003.
El mandatario advirtió que los líderes de esos escuadrones –acusados de masacrar a miles de civiles en medio de su guerra sucia contra la guerrilla izquierdista– podrían perder beneficios jurídicos e incluso ser extraditados a Estados Unidos, que acusa a varios de narcotráfico. Unos 25 dirigentes paramilitares se han entregado a las autoridades.
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