Estudios internacionales indican que alrededor del 10% de la población mundial tiene algún tipo de discapacidad física o mental. La situación en Panamá no es muy distinta. El estudio nacional de prevalencia de la discapacidad, previsto para concluir en octubre próximo, ha encontrado que ese índice podría ser ligeramente superior en el país.

Este es un sector poblacional que tiende a caer fácilmente en el olvido -gubernamental y de la sociedad misma-, pese a representar un alto número de personas. Históricamente no han sido parte de las políticas públicas, por el contrario se les ha rezagado, negado, como si no sumaran a los tres millones de habitantes del istmo.

Prueba de ello es la ciudad capital que tenemos, cada día más brillante y con más rascacielos, en la que sin embargo es imposible andar una cuadra en silla de ruedas o apoyado en unas muletas.

Si queremos una sociedad incluyente, en la que todos quepamos, el discapacitado tiene que ser visto como un verdadero actor social, sujeto de derechos y con posibilidad de gestión, y no como alguien a quien simplemente se le tiene una lastimera paciencia. Eso implica tumbar muchas barreras físicas, pero esas son las de menos. Las que hay que echar abajo son las murallas mentales, esas que sí pesan y que son las más difíciles de remover.