Lesiona la dignidad ciudadana que no haya pasado nada ocho meses después de que Estados Unidos le quitara la visa al magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Winston Spadafora.

El vocero de la Embajada norteamericana dijo en su momento que tal decisión obedecía a la existencia de "bastantes evidencias" que lo vinculaban con actos de corrupción. Es una bofetada al pueblo el silencio de los más altos funcionarios del Estado panameño -del Ejecutivo, el Legislativo, el poder Judicial, el Ministerio Público- quienes han permanecido mudos y sin hacer el menor intento por explicarnos qué hay en el fondo de este caso.

Es como si no fuesen para nada grave semejantes imputaciones. La opinión pública no conoce aún cuáles son esas "bastantes evidencias" o qué actos irregulares se cometieron, según afirman las autoridades del país amigo.

No se trata de un ciudadano cualquiera sino de un miembro del más alto tribunal encargado de impartir justicia en Panamá. Léase bien, ¡justicia! Spadafora no se va a hacer el haraquiri dando a conocer los argumentos de los estadounidenses, pero el país sí necesita que nos informen qué pasó y que se investigue la veracidad o no de tales imputaciones. El silencio es repugnante: tiene aliento a complicidad.