| CORRUPCIÓN.
Inseguridad:¿cuánto poder para enfrentarla?
Emilio García Méndez
No es la primera vez que aludo en esta columna al espinoso tema de la seguridad-inseguridad. Nos guste o no, el mismo no parece destinado a diluirse por lo menos en el futuro inmediato. Para bien o para mal (casi siempre para mal en los últimos tiempos), el tema parece destinado a constituirse en una variable fundamental en la conformación del poder político. Sujetos inescrupulosos que consideran a la política como una forma de espectáculo y que, por ende, lucran con las necesidades legítimas de la sociedad, utilizan el "mercado" electoral para un burdo trueque entre sensación de seguridad y votos. Las coyunturas electorales pasan y mientras a algunos la sensación de seguridad se les escapa como arena entre los dedos, otros disfrutan impunemente de los votos mal habidos. Tomar conciencia de este mecanismo perverso no es suficiente para resolver el problema, pero sí para comenzar a colocarlo en su justa dimensión.
De modo similar a lo que ocurre en campos como la educación o la ecología, resulta fundamental desagregar el tema según se lo trate desde la perspectiva de la oferta o desde la perspectiva de la demanda. Mientras desde la perspectiva de la oferta el tema parece ser competencia legítima de los especialistas, desde la perspectiva de la demanda (social) el tema está destinado a ser competencia de todos. A los conocimientos específicos y a la tecnología que toda política seria de seguridad exige, es necesario incorporar algunas variables que si por algo se caracterizan es por su intangibilidad.
Es precisamente por ello que alguna vez habrá que comenzar a rever en teoría ciertas concepciones del poder (democrático) que, por otra parte, la práctica hace mucho tiempo está revisando. La tarea no es fácil. Escasos son los aportes que los teóricos de la democracia han hecho a las teorías del poder. Pareciera que, en este caso, un cierto pudor paraliza la reflexión. Es la propia idea de la necesidad de acumulación de poder como condición imprescindible para la realización de ciertas transformaciones, la que es necesario poner en tela de juicio. Para lo que podría denominarse una acumulación "bancaria" del poder, a su plena obtención se subordina todo y cualquier cambio. Hasta que no se produzcan cambios decisivos en la correlación de fuerzas, ilusorios serán los intentos para resolver la mayoría de los problemas cotidianos de la gente común.
La realidad parece caminar en otra dirección. Si bien es obvio que la posesión de cierta cuota de poder político resulta fundamental para plantearse con seriedad una política de seguridad, la excesiva acumulación de poder parece garantizar, paradójicamente, la imposibilidad de cualquier política seria. Aunque cueste admitirlo, muy especialmente en América Latina con pocas y honrosas excepciones, la corrupción e ineficacia de las fuerzas encargadas del orden constituye una variable decisiva para entender los problemas centrales de la inseguridad. Si así no lo fuera, hace mucho tiempo que la mano dura, el enfoque musculoso y la retórica de guerra a la criminalidad, habrían resuelto el problema.
A contrario sensu, parece plausible la hipótesis de que sin políticas de Estado, no hay salidas aceptables para problemas que además de permanecer irresueltos, amenazan con destruir las bases mismas del estado democrático de derecho.
Cualquier política de Estado exige diálogo y concertación. La concentración del poder se mueve, peligrosamente, en la dirección contraria. Si una mejor distribución de la riqueza resulta ya un consenso obvio en la comprensión de las condiciones para la mejora sustancial de los niveles de seguridad, lejos estamos de decir lo mismo de una mejor distribución del poder político. Las sociedades con su voto y no los gobiernos, tienen aquí la palabra.
Un problema que no tiene solución no es un problema, y puede convertirse en un enigma. No sólo es Edipo el que puede dar fe acerca de la voracidad incontrolable de los mismos.
El autor es abogado y catedrático de la Universidad de Buenos Aires
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