DISPUTA. EL PROPIETARIO DE UNA FINCA HA COMENZADO A CERCAR RIBERAS DE MAR.

Santa Clara: sus playas tienen dueños

Resurge un viejo pleito por fincas que han sido inscritas a solo unos pocos metros de las orillas del Pacífico.

El conflicto se resuelve en un juzgado, pero el fallo no solucionará el problema, afirma el demandado.

FINCA 19602. Los postes, con alambre de púas, están sobre la arena de la playa. Al fondo, bañistas sobre otra de las fincas demandas, propiedad de la familia Fonseca.719341

Las playas de Santa Clara guardan secretos que empiezan a develarse. Uno de ellos es el verde intenso de sus aguas que contrasta con las blancas arenas de su costa. Esa belleza ha hechizado a conocidos y poderosos hombres de negocios que han construido allí costosas y lujosas mansiones.

Su encanto guarda otro secreto, uno que ha generado animosidad entre vecinos. Se trata de un pleito de tierras que tiene enfrentados a dueños de fincas y comerciantes que han establecido sus negocios en esa población del pacífico coclesano, otrora villa en la que oficiales del Ejército de Estados Unidos tenían casas de playa.

La finca de Santa Clara

AL ALCANCE DE LA MANO. Las fincas demandas no son las únicas que están pegadas al mar. Hay otras a a pocos metros de las nuevas fincas, cuyos inquilinos casi que pueden tocar el agua sin salir de la propiedad.

De esa época –1938– data el plano de la "finca madre" de Santa Clara que tenía más de 200 hectáreas de extensión. Esa finca era la No. 2243 y de ella emanaron centenares de fincas más tras ser parcelada.

Copia de esos planos reposan en las oficinas de la firma Fonseca & Fonseca, donde el abogado Luis Fonseca explicó que la finca 2243 –la finca madre– la compró su familia. En 1995, decidieron vender parte de ella, para lo cual crearon cinco fincas que, según los planos que posee Fonseca, todas están dentro de los límites de la propiedad madre.

Las nuevas fincas están frente al mar –sobre la misma playa– con tal cercanía al agua que varios vecinos se unieron y demandaron –en el Juzgado Primero Civil de Coclé– su ilegalidad. Entre ellas, las fincas 18991, 19600, 19601 y 19602.

Es la última, la que ha despertado ahora la animosidad porque sobre ella se ha empezado a construir una cerca de alambre de púas, y en cuyo interior se construirá un bohío.

La medida cautelar

El problema es que sobre la finca madre y el resto de las fincas aludidas pesa una medida cautelar, ordenada en mayo de 1997, por el Juzgado Primero Civil de Coclé, que prohibió a los tenedores de esas tierras –las sociedades Santa Clara Beach Develoment y Santa Clara Front Beach Corp., ambas de la familia Fonseca– hacer cualquier transacción, negociar, construir, innovar, transformar o hacer obras en esas fincas o segregarlas.

Con todo, las fincas cambiaron de manos en 2004, gracias a un tecnicismo legal, cuyo mayor efecto se sentirá cuando se resuelva el fondo de la demanda. El caso está ahora en manos del Tribunal Superior de Coclé, que debe decidir si anula o no las nuevas fincas.

Un fallo sin consecuencias

Sea cual fuera la sentencia en este caso, explicó Mario Fonseca –sobrino y abogado de Luis Fonseca y socio de Fonseca & Fonseca–, no tendrá mayor consecuencia.

Explicó que si el fallo es en su contra, es decir, si se anulan las fincas demandas, los terrenos no desaparecerían, sino que seguirán siendo parte de la finca madre, de la que ellos son dueños y como tal, nada les impide constituir otras fincas o construir sobre ellas.

Si el caso lo ganaran los demandantes, habría un problema. Como las fincas ya no pertenecen a las sociedades de los Fonseca, explicó Mario Fonseca –ya que se vendieron pese a la prohibición expresa del juez– no habría a quién desalojar, pues los propietarios de esas fincas son otras sociedades sobre las que no pesa demanda alguna.

"La única forma de que los demandantes logren su objetivo es que consigan que se declare nula la finca madre, en cuyo caso también se anularían todas las fincas que emanaron de ella". Es decir, las fincas de los propios demandantes también dejarían de existir, afirmó Mario Fonseca.

En esta declaración, dice Aníbal Tejeira, que representa a los demandantes –las sociedades Las Sirenas, Caluma y Shirleylandia, entre otras– "subyace una falta a la ética porque se burlan paladinamente de la autoridad".

Cosa de mañas

¿Cómo los Fonseca vendieron las fincas si un juez se los había prohibido? Mario Fonseca es un joven abogado que, sonriente, dice haber aprendido mucho de su colega Aníbal Tejeira –de la firma Morgan y Morgan– pues ha sido "un gran maestro". No es fácil meterle un gol a esa firma, pero él asegura que lo logró.

Para empezar, el caso está en el Tribunal Superior de Coclé porque, en primera instancia, Tejeira lo perdió y tuvo que apelar. Pero su mayor satisfacción está en que cuando el juez ordenó –en mayo de 1997– la medida cautelar contra las fincas demandadas, ésta no se pudo inscribir en el Registro Público porque tenía defectos.

Mario Fonseca decidió esperar hasta que el juzgado fallara. La sentencia fue a su favor. Entonces, pidió al Registro Público eliminar la prohibición de vender las fincas ordenadas por el juez en 1997, pero que no se había constatado en el Registro Público por los defectos ya aludidos. Por edicto se eliminó la prohibición de venta, y sin que apareciera ninguna restricción sobre las fincas, las traspasó o las vendió.

Eso, dijeron tío y sobrino, es legal. Los abogados, sostuvo Luis Fonseca, se aprovechan de ello. En tanto, Mario Fonseca dijo que ellos no hicieron otra cosa que lo que Tejeira le recomendó a sus propios clientes cuando la demanda la perdieron en el juzgado.

Según Mario Fonseca, las sociedades demandantes traspasaron sus bienes a otras sociedades con el fin, según Fonseca, de que si perdían la apelación y los demandados exigieran un pago por daños y perjuicios, no pudieran secuestrar sus fincas o negocios.

Al tribunal, el traspaso de las fincas no le causó gracia. El 3 de diciembre de 2004, el juez José Luis Carles advirtió que la medida cautelar contra las fincas que habían vendido y/o traspasado estaba en firme y vigente, por lo que los demandados habían caído en desacato. En consecuencia, fueron multados con mil 500 dólares.

El área en conflicto

Lo cierto es que el nuevo dueño de la finca 19602 –la sociedad Western Realty Investment, inscrita por David y Miros Yohoros– comenzó a cercar su terreno, que no es más que pura arena. Pero construirla ha tenido sus contratiempos. El corregidor de Río Hato, Vasco Núñez, pidió a los responsables de la obra que removieran el cerco, pese a tener sus papeles en regla, expedidos por la Alcaldía de Antón.

El alcalde de este distrito, Roger Ríos, empero, indicó –tras inspeccionar la zona– que nunca vio "nada más aberrante" que esa cerca. La Constitución dice que las riberas de mar son inadjudicables, recordó.

Pero de poco han servido las órdenes de un juez, las advertencias de un alcalde o las citaciones de un corregidor: la cerca sigue en pie.

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