La franja costera es uno de esos patrimonios públicos a los que no se puede ni se debe renunciar. Las servidumbres y el libre acceso a nuestras playas son caminos que, más allá de lo físico, hablan simbólicamente de la soberanía y el control sobre el territorio. Hemos asistido últimamente a muchos episodios en que comunidades locales han protestado por el intento de ponerle vallas al mar de propietarios que confunden su terreno con el océano.

El tema, que puede parecer menor, es de suma importancia porque tiene que ver con el ordenamiento territorial, con el cumplimiento de las leyes y, en el fondo, con el infinito juega vivo de aquellos que tienen los recursos y el descaro para tomarse la costa. Ocurre en el Pacífico, se está viendo en las islas, es un hecho en costa arriba de Colón, y se está convirtiendo en un problema grave en Bocas del Toro.

El Estado y sus mecanismos de control deben tomar cartas y restituir a los panameños lo que debe ser público. El concepto de playa privada es, ante todo, inconstitucional.