| AMPLIACIÓN DEL CANAL.
Cheque en blanco... ¿por dónde?
Ernestina García De Paredes
Los opositores al proyecto de ampliación están buscando la manera de poner de moda una frase, una palabra, un eslogan, en fin, cualquier cosa que rápidamente lleve a la población a identificarse con sus argumentos y así lo expresen en las urnas en el referendo del 22 de octubre. Han probado con todo y no han logrado su objetivo.
El último intento que hacen es acuñar la frase de que aprobar el referendo significa "darle un cheque en blanco a la ACP". Al margen de que busquen esa palabrita o frasecita clave, característica de todo proceso político como el alias de los boxeadores, en el caso que nos ocupa vale la pena analizar si cabe siquiera la frase "cheque en blanco". A mi entender, cheque en blanco significa que la persona o entidad autorizada tiene la oportunidad de hacer lo que le da la gana. Poner la cifra que quiere, sin control, sin fiscalización, como le da la gana… Pero ¿es esto lo que significa el referendo para la ampliación del Canal? La respuesta es un categórico No y aquí se cae toda la argumentación de los opositores.
Da tristeza que personalidades de la talla de Humberto Ricord utilicen esta frase intentando convertirla en moda, porque la realidad es otra. Veamos.
La Ley de referendo dice claramente que el costo estimado de la ampliación es de 5 mil 250 millones de dólares. Dice una cifra, no deja el espacio en blanco. La propuesta de ampliación presentada por la ACP dice claramente que la ampliación tandrá un costo estimado de 3 mil 690 millones de dólares y el resto (mil 560 millones) es para contingencia e inflación.
Ambas son cifras concretas; tampoco hay un espacio en blanco.
Lo que sí quedó establecido en la Ley es que la ACP tendrá rigurosos procesos de rendición de cuentas. Además de la fiscalización que establece la Contraloría, en la ampliación la ACP deberá rendir informes al pleno de la Asamblea Nacional dos veces al año y trimestralmente a la comisión ad hoc que velará por la transparencia en todo el proceso.
Lo anterior quiere decir que, contrario al "cheque en blanco", la ACP y sus contratistas tendrán ahora que cumplir rigurosos procedimientos que no se le exigen a ninguna otra institución y en ningún otro proyecto.
Es más, me atrevo a sugerir que este tipo de controles que se le han impuesto a la ACP deberían aplicarse a todas las instituciones, para que la transparencia sea una práctica en todas las entidades y no exclusivamente de una que, hasta ahora, ha demostrado ser la más eficiente, la más transparente y la que rinde mayores réditos a las arcas del Estado.
Por eso llama la atención que algunas personas traten de buscar cualquier motivo para apuntalar sus débiles argumentos contra una propuesta que a todas luces es beneficiosa para el país. Señores, aquí no hay gato encerrado y mucho menos un cheque en blanco para la ACP. ¡Seamos serios!
La autora es relacionista público
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