| IMPACTO DE LAS ARMAS DE FUEGO ILEGALES.
Violencia criminal en Panamá
Severino Mejía
Los incidentes violentos que ocurren en nuestro país, en los que salen a relucir las armas de fuego, generadores primarios de esa violencia, son los principales causantes de homicidios y heridos que resaltan en las estadísticas que elabora la Policía Nacional. Estas cifras no pueden ser más descriptivas. Muestran de forma fría, una escalada de violencia que aumenta año tras año.
De acuerdo con estas cifras, sólo en el período comprendido entre el mes de enero a mayo del presente año, la Policía Nacional decomisó 524 armas de uso civil, de variados calibres, entre revólveres, pistolas y otro tanto de escopetas y rifles. Y eso que Panamá no fabrica ni exporta estos tipos de instrumentos de fuerza letal.
En el año 2005 se vieron involucrados en varios casos delictivos, 6 mil 600 armas de fuego, de las cuales 215 provocaron muertes violentas, mil 411 causaron heridas a ciudadanos por uso de ellas y 2 mil 795 fueron utilizadas para cometer robos o atracos.
Vale la pena señalar, que las muertes violentas provocadas por armas de fuego muestran incrementos alarmantes que indican la facilidad de obtención de estas armas y las limitaciones del Estado para establecer controles más efectivos.
Es en este sentido que el Gobierno nacional, mediante Decreto Ejecutivo No.145 de 29 de marzo de 2005, crea la Comisión Nacional Multidisciplinaria, integrada por 16 representantes, tanto de instituciones del Estado como de la sociedad civil, con el propósito de cubrir tres ámbitos bien definidos: primero, la elaboración de un nuevo régimen jurídico para regular integralmente el control de armas de fuego y municiones en nuestro país; segundo, la elaboración de un diagnóstico científico que muestre el impacto de las armas ilegales en Panamá; y, tercero, una campaña de sensibilización ciudadana sobre los riesgos del uso de las armas ilegales.
En nuestro reciente viaje a las Naciones Unidas donde participamos en la Conferencia de este organismo internacional sobre el programa de acción para combatir las armas pequeñas y ligeras, Panamá informó al mundo las acciones que ha realizado para combatir este flagelo.
Entre otros puntos destacamos los avances que ha dado nuestro país en el ámbito jurídico, social y a nivel internacional, en lo que podemos resaltar entre otros, la aprobación de la Ley No. 48 del 30 de agosto de 2004, que tipifica los delitos de posesión y comercio de armas prohibidas, la creación de la Comisión Nacional Multidisciplinaria que surge como una propuesta de la Secretaría General del Sica; las cinco campañas realizadas de "Armas por Comida" que llamó mucho la atención de las naciones, sobre todo de las de África, cuyos representantes se acercaron para escuchar de nuestra parte los resultados de tal acción.
En Guatemala, El Salvador y Honduras mueren de forma violenta, entre ocho y trece personas, según datos oficiales que también indican que la mayoría son provocadas por armas de fuego, la mayor parte de ellas ilegales.
Al buscar las causas del incremento de la violencia, se observa que existen factores que se constituyen en detonantes de este fenómeno. El narcotráfico y las pandillas, son a mi juicio, las actividades generadoras de los crímenes violentos que leemos y vemos todos los días en los medios de comunicación. Aunque parecieran ser diferentes, hay una simbiosis que los une. Las pandillas, integradas por jóvenes provenientes de hogares desintegrados, logran un sentido de pertenencia que no obtienen en sus hogares.
En esos grupos reciben el afecto que no obtienen de sus padres ausentes. Se enfrentan entre sí, por el dominio de un territorio y por el control del trafico de estupefacientes.
La problemática nos ha llevado a formular una estrategia que sigue los siguientes cursos de acción:
Aplicar el carácter multidimensional de la "seguridad integral", es decir, atacar el delito, pero al mismo tiempo complementarlo con la agenda social del Gobierno.
Diseñar un sistema de información que nos permita potenciar las oportunidades que nos ofrece la tecnología de punta para controlar de forma efectiva el movimiento de las armas en nuestro país.
Esta fiscalización permitirá identificar la transición de estas armas de lo legal a lo ilegal y, sobre todo, disponer información en tiempo real para que las autoridades responsables del cumplimiento de la ley, eviten el tránsito de armas y municiones al mercado negro.
La balanza de la seguridad ciudadana debe estar equilibrada entre la acción coercitiva de la Policía Nacional y las medidas preventivas orientadas a evitar que los actores más vulnerables de la sociedad, los jóvenes, crucen esa línea invisible que separa lo legal de lo ilegal.
Esto es un reto que hemos tomado muy en serio, desde el señor Presidente de la República con su señora esposa, el Gabinete Social y los estamentos de seguridad, para que en una sola ecuación logremos dar el golpe de timón apropiado para revertir una situación de inseguridad a un estadio de tranquilidad y confianza de toda la población.
El autor es viceministro de Gobierno y Justicia
Además en opinión
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