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Reportaje especial
Panamá, miércoles 12 de julio de 2006
 

INMIGRACIÓN.

Lealtades incomprendidas

Sergio Muñoz Bata

Aun cuando no hay una mención directa, es evidente que las leyes migratorias que hoy se discuten en el Congreso estadounidense se escribieron pensando en México y en la migración de latinoamericanos a Estados Unidos.

La cantidad de inmigrantes que cruza ilegalmente la frontera; el cada vez más extendido uso del español por todo el país; los despliegues de banderas mexicanas en las marchas de protesta en ciudades americanas; el creciente número de países latinoamericanos que permiten la doble nacionalidad a sus emigrados, así como la participación de los latinoamericanos en los procesos electorales de sus países de origen ha elevado a dogma la noción de que no se puede confiar en la lealtad de los latinoamericanos a su país adoptivo.

El argumento de la lealtad dividida no es nuevo. Históricamente, ha servido para demonizar a los inmigrantes italianos, a los alemanes-americanos y para internar a los japoneses-americanos en campamentos-prisiones.

A la fecha, los inmigrantes nacidos en Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, México, Panamá, Perú, República Dominicana y Uruguay pueden hacerse ciudadanos estadounidenses sin perder su nacionalidad de origen.

En el caso de México, los esfuerzos de la izquierda mexicana y sus simpatizantes en las comunidades mexicanas en EU por involucrar a los inmigrantes en el proceso político mexicano sirvieron para darle credibilidad al mito de la imposible asimilación de los mexicanos a su país adoptivo promovido por la derecha norteamericana.

"Desde 1980", escribió el profesor Samuel Huntington en su famoso y controvertido ensayo deplorando la inmigración latinoamericana, "el gobierno mexicanos ha buscado expandir el número, la riqueza y el poder político de la comunidad mexicana en el suroeste de Estados Unidos y la integración de esa población a México".

Aun concediéndole a Huntington que el gobierno mexicano procura el bienestar económico, político y social de su diáspora, y la reafirmación de los vínculos con la madre patria, un esclarecedor suceso de la historia reciente debería obligar al reconocido historiador a revisar su tesis.

Me refiero a la débil participación de los mexicanos residentes en el exterior en la reciente contienda electoral mexicana contraviniendo la opinión de que el voto de millones de mexicanos emigrados mostraría su desapego a EU.

El 2 de julio, sin embargo, el conteo de votos mostró que de los 42 millones de personas que participaron en la elección sólo 33 mil enviaron su voto por correo desde Estados Unidos.

Y que la inmensa mayoría de quienes participaron votaron por Felipe Calderón.

El 58% de los mexicanos residentes en EU escogió al candidato conservador que cree fervorosamente en las bondades del sistema capitalista, en la economía de mercado, en la observancia del estado de derecho. Es decir, escogieron al candidato más afín a los valores que EU proclama como suyos.

La naturalización de los inmigrantes latinoamericanos aumentó a partir de 1986, cuando una generosa provisión de amnistía en la ley de inmigración permitió la legalización de unos tres millones de inmigrantes.

Si en algo están correctos los congresistas que redactaron las leyes que se discuten en la actualidad es que sin la participación de México no puede haber una reforma migratoria completa.

El Congreso y el presidente Bush deberían darle a Calderón la oportunidad que injustamente le negaron a Vicente Fox para establecer una sociedad de beneficio mutuo.

El autor es miembro del Consejo Editorial de Los Angeles Times

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