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Reportaje especial
Panamá, miércoles 12 de julio de 2006
 

GUATEMALA.

AI pide detener desalojos violentos de campesinos

Los expropiados exigen a los propietarios de las fincas el pago de sus prestaciones negadas por tres años.

AP
Hay 30 fincas ocupadas.705536
GUATEMALA/ACAN-EFE

La organización humanitaria Amnistía Internacional (AI) pidió ayer al gobierno de Guatemala detener los violentos desalojos de campesinos que han ocupado fincas privadas, así como a atender las demandas de estos.

En un comunicado de prensa divulgado ayer en esta capital, AI señala que "la continua resistencia del gobierno a implementar verdaderas políticas agrarias resultará en más violencia, muertos y heridos".

El último desalojo violento de campesinos ocurrió el pasado sábado en la comunidad de Senahú, en el norte del país, en donde un grupo de campesinos que intentaba ocupar la finca Moca fue atacado con armas de fuego.

Aunque inicialmente los labriegos afectados confirmaron la muerte de nueve campesinos y la desaparición de tres más, la Policía Nacional Civil (PNC) confirmó el lunes que una persona falleció y 38 más resultaron heridos durante el desalojo realizado por guardias de seguridad de la finca.

AI pidió al gobierno "llevar a cabo una investigación inmediata, efectiva e imparcial" de estos hechos, así como "velar por el bienestar de la comunidad desalojada, recordando en particular sus obligaciones como estado firmante del Convenio de Derecho Económicos, Sociales y Culturales".

La organización internacional recordó que ese fue el tercer desalojo que han sufrido estos campesinos, los que exigen a los propietarios de la finca el pago de sus prestaciones laborales negadas desde hace más de tres años.

"¿Cuántas personas deben morir en conflictos de tierra en Guatemala antes de que el gobierno decida intervenir de forma adecuada?, cuestionó AI en el comunicado.

Unas 20 fincas privadas y 10 estatales se encuentran ocupadas por campesinos pobres que exigen al gobierno tierras para cultivar.

La desigual distribución de la tierra en Guatemala, en donde según cifras oficiales el 80% de las fincas cultivables se encuentra en manos del 2% de la población, se ha convertido en uno de los principales problemas del país.


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