DESASTROSO ESTADO INSTITUCIONAL.

Teoría y práctica del infierno

Ninguno, absolutamente ninguno, de los permanentes y abundantes autoelogios que el presidente Kirchner hace de su propio gobierno, termina sin la advertencia de que, "aún no hemos salido del infierno".

Sin que nos diéramos muy bien cuenta desde cuándo, la frase se ha convertido en el verdadero eslogan oficial, en detrimento de aquel utilizado durante la campaña y en los primeros tiempos de Gobierno y que hoy resulta, para muchos, cada vez más difícil de no ser percibido como una autoironía: "Argentina un país en serio".

No hace falta ser un observador muy perspicaz para entender que esta referencia "dantesca" nada tiene de literaria. Por el contrario, casi que podría decirse que es la forma comunicacional que asume, en esta etapa, el estado de excepción en permanencia.

Quién sabe, si fuera posible, si más de un obsecuente no colocaría la amenaza del infierno en el propio texto de la Constitución.

Dos hechos, de extraordinario impacto negativo, vienen a sumarse en estos días al desastroso estado institucional en que ya se encuentra el país y del que se suponía que "un país en serio" nos iba a rescatar.

Desde hace ya algunos meses el Gobierno tiene en sus manos el dominio prácticamente absoluto del poder judicial, a través de un control sin límites de un Consejo de la Magistratura que tiene por función, el nombramiento y remoción de los jueces. Pero, siempre considerando que "aún no hemos salido del infierno", el Gobierno ha decidido ahora ir por más, aunque esto lejos esté de ser todo.

Aprovechando el dominio absoluto en el Senado y la facilidad de cooptación en la Cámara de Diputados, el Gobierno ha anunciado el inminente envío de dos nuevos proyectos de ley en perfecta sintonía con el proceso hegemónico en marcha: el primero se refiere a la virtual convalidación automática de los DNU (Decretos de Necesidad y Urgencia), con los que el Gobierno se maneja a pesar de su mayoría en ambas cámaras; y el segundo, a la entrega de facultades discrecionales irrestrictas para que el jefe de Gabinete de ministros (que nombra y remueve a su antojo el Presidente), maneje y redistribuya el presupuesto nacional a su total antojo.

Poco queda ya en pie de las instituciones de una república que además carece, con una mora que en el 2006 cumple 10 años, de una ley de coparticipación federal de los ingresos.

De este modo, la distribución discrecional de los recursos del Estado constituye la variable decisiva para explicar el funcionamiento real del sistema político argentino.

Oscuro e incierto es, sin embargo, el panorama futuro que cualquier visión medianamente crítica deja vislumbrar entre el ruido de los aplausos y los festejos.

A mayor acumulación ilegítima de poder, mayor fragilidad institucional y mayor inestabilidad política. ¿Quién sabe cuándo, la gordura acabará transformándose en hinchazón?

Pareciera que pocas veces se ha encarado la autoprofecía del infierno con más constancia y dedicación. Múltiples y variados son, ya se sabe, los caminos de este último.

Este que estamos recorriendo ahora, por ejemplo, está, paradójicamente, jalonado de éxitos.

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