| REFORMAS CONSTITUCIONALES. LA CORTE SUPREMA INVESTIGARÁ A LOS DIPUTADOS.
Amenazan con demandar nueva ley
El Ministerio Público y la sociedad civil consideran la recién aprobada ley como un nuevo fuero.
El presidente, Martín Torrijos, sancionó ayer estas nuevas reformas, a pesar de las peticiones de veto.
| LA PRENSA/Jorge Fernández |
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| APROBACIÓN. El 8 de junio de 2006 la comisión entregó al Presidente los códigos reformados. 702862 |
José Otero
jotero@prensa.com
La Procuraduría de la Nación no descarta presentar una demanda de inconstitucionalidad a la recién aprobada Ley 25 que establece que solo la Corte Suprema de Justicia (CSJ) podrá investigar y procesar a los diputados de la Asamblea Nacional por actos delictivos.
El presidente de la República, Martín Torrijos Espino, sancionó el 5 de julio esta ley que establece que le corresponderá al pleno de la CSJ la investigación y procesamiento de los actos delictivos y policivos seguidos contra diputados principales y suplentes.
También se establece que para la ejecución de las diligencias, el magistrado designado como fiscal del caso "podrá comisionar solo de manera excepcional" a un agente de instrucción del Ministerio Público.
Cuando se tenga que dictar el fallo del caso, el magistrado que ejerza las funciones de acusador, será reemplazado por su suplente y la sentencia será adoptada por las dos terceras partes de los miembros del pleno de la Corte Suprema de Justicia, es decir seis magistrados.
Rigoberto González, secretario general de la Procuraduría General de la Nación, dijo ayer que solo se estaba a la espera de que el presidente Torrijos sancionara esta ley para proceder con las acciones legales correspondientes.
Luego que la Asamblea Nacional aprobó en tercer debate este anteproyecto, la procuradora de la Nación, Ana Matilde Gómez, señaló, en ese momento, que había artículos que iban en contra de lo que dispone la Constitución, específicamente, en lo referente a que el Ministerio Público estaba facultado para ser el agente de instrucción en los casos contra los diputados de la Asamblea y no la CSJ.
González aclaró que al entrar en vigencia estas nuevas reformas, los expedientes sobre investigaciones de diputados que habían sido remitidos al Ministerio Público, para que la procuradora Ana Matilde Gómez los instruyera, deben ser retornados a la CSJ.
Tres investigaciones en las que se implicaban al diputado Rogelio Alba habían sido remitidas al Ministerio Público para que se indagaran.
Esta nueva ley dejó sin efecto las reformas constitucionales que se hicieron, en junio de 2005, a los artículos 155 y 206 (Numeral 3) en las que se facultaba a que la Corte Suprema delegara a la Procuradora General de la Nación, como agente de instrucción, para las investigaciones de los actos delictivos o policivos que se imputaran a los diputados de la Asamblea Nacional y del Parlamento Centroamericano.
Alianza Ciudadana Pro Justicia había enviado una carta al presidente Torrijos pidiendo el veto para esta ley.
La nota, firmada por el presidente de este organismo, Carlos Lee Vásquez, señalaba que las referidas reformas "envían un mensaje contrario a la lucha por eliminar todos los privilegios y fueros procesales a los funcionarios públicos, que han sido la causa principal de la ineficacia del sistema de justicia en la lucha contra la corrupción"
Denunciaban además que de aprobarse estas modificaciones creaban más prerrogativas procesales para la investigación y juzgamiento de diputados de la Asamblea Nacional y del Parlamento Centroamericano.
Así mismo, Mercedes Araúz de Grimaldo, presidenta del Colegio de Abogados de Panamá, consideró que esta nueva ley establece más privilegios a los integrantes del Órgano Legislativo.
Dijo que la inmunidad de los diputados solo puede aceptarse si es para protegerlos de ser perseguidos y procesarlos por razones políticas, pero no así para impedir que se les acuse y se les investigue por delitos comunes.
"Los diputados son tan panameños como todo el resto de la ciudadanía, en este caso se está creando un nuevo fuero", indicó.
El diputado perredista Jerry Wilson, quien fue el principal impulsador de estas reformas, ha manifestado al respecto que pareciera que a los diputados se les quiere negar el derecho a opinar, a disentir y a tener un criterio propio al momento de discutir este tipo de iniciativas.
"Esta aprobación la hacemos con la autoridad moral con la que desde esta misma tribuna defendimos las reformas constitucionales con las cuales eliminamos el concepto de inmunidad y que algunos consideraban era un concepto de impunidad", agregó.
El diputado Jorge Hernán Rubio ha dicho que, ante la ausencia de una norma de procedimiento en la legislación panameña, se produjo un estancamiento en algunas quejas o denuncias presentadas contra diputados. Por estas razones, añadió, se hacía imperante aprobar una ley para despejar cualquier duda en la legalidad del procedimiento que se le siga a un diputado.
DE DISCORDIA Y URGENCIAS
.24 DE MAYO DE 2006: Presentan proyecto ante la Asamblea.
.8 DE JUNIO 2006: Discuten el anteproyecto en primer debate con urgencia notoria.
.20 DE JUNIO DE 2006: Aprueban el proyecto en segundo debate.
.21 DE JUNIO DE 2006: Aprueban de forma unánime las reformas en tercer debate.
.6 DE JULIO DE 2006: Se promulga la ley en ‘Gaceta Oficial’.
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