| ANTEPROYECTOS DE LEY. ENDURECER PENAS.
Al volante, sin licor
Quien comete un delito bajo los efectos del alcohol debe recibir terapia además de la sanción legal. No se trata de que las personas dejen de beber licor, sino que sean responsables.
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Shelmar Vásquez Sween
svasquez@prensa.com
Según estadísticas de la Organización Mundial de la Salud, en Panamá al menos 200 mil personas han tenido algún problema a causa del alcohol. Ya sea de tránsito, violencia, adicción, etc. En este sentido, informes de la Comisión Nacional para el Estudio y Prevención de los delitos relacionados con Droga plantean que estas cifras pueden aumentar en un 30% en menos de cuatro años.
Esta tendencia ha motivado la creación de varios proyectos y programas que buscan poner un alto al consumo irresponsable del alcohol por la sociedad, principalmente los casos de personas que después de libar intentan conducir convencidos de que están en condiciones de poder hacerlo.
MEDIDAS EMPRENDIDAS
Explica la directora general del Instituto Nacional de Salud Mental, Juana Herrera, que hace menos de tres meses se presentó ante la Comisión de Comunicación y Transporte de la Asamblea Nacional dos anteproyectos de ley sobre el tema. El texto de uno se realizó con miras a endurecer las penas establecidas para sancionar los delitos de tránsito cometidos por personas que conducen bajo los efectos del alcohol, y el otro trata de determinar los rangos de alcoholemia permitidos.
De aprobarse estas medidas, toda persona que esté involucrada en un accidente de tránsito deberá ser sometida a un examen de alcoholemia para establecer sus condición tras el volante y por consiguiente su responsabilidad ante el hecho. "Esto se hacía antes, pero se dejó de hacer porque la gente aducía que la medida violaba los derechos humanos, pero se ha comprobado que es necesaria para garantizar la salud pública", sentencia la psicóloga especialista en medicina adictiva.
También busca establecer que quien le cause incapacidad temporal o permanente a otra persona por manejar en estado de embriaguez deberá asumir todos los gastos en que el afectado incurra por su condición. "Los documentos proponen aumentar las sanciones penales en el caso de que el afectado quede en un estado crítico que lo obligue a cambiar drásticamente su calidad de vida o fallezca producto del accidente", dijo Herrera.
Los anteproyectos aún no han sido discutidos en primer debate por la comisión correspondiente.
Otra propuesta que se trata de aprobar en Panamá es la formación de grupos institucionales de alcoholismo en los hospitales públicos.
Un programa similar lleva 20 años en aproximadamente diez provincias de Argentina.
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