| MOMENTO OPORTUNO.
Políticas de regulación migratoria
Giancarlos Candanedo Páez
Mientras que en Estados Unidos en lo que va del año, las asambleas legislativas de 42 estados han admitido a debate 368 proyectos de ley relacionados con la inmigración, en nuestro país seguimos postergando la toma de decisiones firmes respecto a este tema, a pesar de la importancia que supone frente al proyecto de ampliación del Canal de Panamá, el desempleo, la seguridad y otros.
Como panameños no podemos negar que al igual que Estados Unidos, nuestro país tiene profundas raíces en la inmigración de individuos de diversas nacionalidades, que tuvieron el compromiso de forjarse humanamente a través del trabajo. A diferencia del problema migratorio en muchos países europeos respecto a la integración de los inmigrantes en la sociedad, tanto en Estados Unidos como en Panamá, los inmigrantes manifiestan con hechos su deseo de integrarse al país si se les concede esa oportunidad.
Con motivo de las manifestaciones contra el endurecimiento de las leyes migratorias en Estados Unidos, se han realizado sondeos que arrojan interesantes datos. Por ejemplo: El 92% de los once millones de personas que labora sin papeles, el 98% desea aprender inglés y el 96% está dispuesto a someterse a la ficha policial como parte del proceso para regularizar su status migratorio. Por otra parte, un estudio realizado por la National Foundation for American Policy muestra que si la inmigración legal crece un tercio durante los próximos 75 años, con sus cotizaciones se reducirá un 10% el déficit de la seguridad social.
Seamos honestos y preguntémonos si contamos con estudios científicos sustentados en factores económicos, demográficos y de derechos humanos para tomar decisiones encaminadas a dirigir las políticas migratorias de nuestro país, o si, por el contrario, estas decisiones las tomamos deliberadamente pensando que hacemos un bien al país, cuando en realidad podemos estar causando resultados negativos en algunas áreas, específicamente en lo referente a la promoción de la inversión extranjera que genera empleo para los nacionales.
Está claro que endurecer las políticas migratorias no resuelve el problema de la inmigración ilegal, muy por el contrario, promueve el incremento de un delito tan vil como el tráfico de personas, buscando rutas alternativas para ingresar al país de destino, y encareciendo los costos para quienes sueñan con un mejor futuro y muchas veces lo que encuentran en el camino es la muerte.
Considerando lo anteriormente expuesto, podemos decir que lo necesario es promover políticas de regulación migratorias que abran las puertas a la inmigración legal; es necesario que reforcemos la seguridad y la vigilancia de las fronteras, que aceleremos los procesos de deportación de los inmigrantes ilegales, que se dote a la Dirección de Migración de mayores recursos económicos y tecnológicos, y, sobre todo, que modernicemos nuestra legislación migratoria promoviendo una que respete la dignidad y los derechos de los inmigrantes.
Hacia donde queremos llevar la economía del país, hacia allá tenemos que dirigir también la legislación migratoria. Si realmente aspiramos a generar empleo y promover mayor inversión extranjera, también será necesario que mejoremos el servicio migratorio y adecuemos la legislación para lograr tales fines.
Nuestra Constitución nacional establece que "el trabajo es un derecho y un deber del individuo, y, por lo tanto, es una obligación del Estado elaborar políticas económicas encaminadas a promover el pleno empleo". Una de esas políticas debe ser dar soluciones integrales a todos los inmigrantes, y de manera particular a los inversionistas que depositan su confianza en nuestro país. Es el momento oportuno para promover y poner en práctica serias políticas de regulación migratoria, que bien ejecutadas, representarán incremento en la inversión extranjera, con lo cual realmente disminuiremos los niveles de desempleo en Panamá.
El autor es abogado
Además en opinión
• A la caza de una sociedad libre: Lilian Yon B. • Le quedan tres años a este gobierno: René Hernández González • Financiamiento de la ampliación: Mario Galindo H. • Identidad de país: Hernán A. De León Batista • Políticas de regulación migratoria: Giancarlos Candanedo Páez
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