| LOS APORTES AL TESORO NACIONAL.
Financiamiento de la ampliación
Mario Galindo H.
Se ha esgrimido contra el plan de ampliación del Canal de Panamá el argumento de que si, por cualquier razón, no se cumplieran los pronósticos que en él figuran relativos a la carga que sería transportada por el Canal ampliado en los próximos veinte (20) años, la ACP no podría pagar el costo de construcción del tercer carril de esclusas, ni los respectivos gastos financieros, y mucho menos podría realizar las transferencias que anualmente le viene haciendo al Tesoro Nacional.
El argumento que nos ocupa se apoya, a ojos vistas, en la premisa de que la capacidad de la ACP de hacer tales pagos depende de que, en efecto, se materialice el pronosticado incremento del volumen de la carga que sería transportada por el Canal ampliado. La premisa en cuestión no es correcta.
Lo cierto es que para realizar los referidos desembolsos bastan, por una parte, el aumento de peajes previsto en el plan de ampliación y, por la otra, el mismo nivel de tráfico de carga con que actualmente cuenta el Canal, sin que sea necesario que el tráfico crezca conforme a los pronósticos antes mencionados.
En estos dos pilares –aumento de peajes y tráfico actual– descansa el pago de todas las obligaciones que genere el proyecto, y el de las transferencias anuales del Canal al Tesoro Nacional, transferencias que, se ha estimado, ascenderán, en promedio, a la suma de setecientos cincuenta millones de balboas (B/.750,000,000) durante los próximos diez (10) años, período dentro del cual se llevará a cabo la construcción del tercer juego de esclusas.
No es, por tanto, cierto que, si no se cumplen los pronósticos de tránsito, el Canal quedaría con una deuda impagable.
Ni tampoco lo es que la ejecución del proyecto privará al Estado de los ingresos que, provenientes del funcionamiento del Canal, ha recibido en los últimos años.
Además, la meta de alcanzar los ingresos previstos en el plan de ampliación no está expuesta a grandes riesgos, ya que no hay razones ciertas para suponer que el volumen de la carga que se transporta por el Canal, que ha subido sostenidamente a lo largo de los años, empiece ahora, en plena globalización de la economía, a decrecer.
Lo normal es que aumente al ritmo pronosticado y que, por lo mismo, la rentabilidad de la inversión que se hará en la ampliación del Canal sea la prevista en el plan de expansión.
Importa recalcar que el incremento de peajes que se pondría en vigor a tenor del referido plan ha sido objeto de rigurosos análisis, con la mira de evitar que el mismo menoscabe la competitividad de la ruta de Panamá frente a la de Suez y al sistema intermodal estadounidense.
No está de más señalar, en este orden de consideraciones, que, bajo la administración panameña del Canal, el peaje aplicable a los barcos portacontenedores fue aumentado en sesenta y cinco por ciento (65%). ¿Decreció por ello el tránsito de portacontenedores? No. Creció. ¿Casualidad? Tampoco. Ese resultado -cabe enfatizarlo- no fue producto de ningún venturoso azar, sino del adecuado conocimiento que del comercio marítimo tiene la ACP, conocimiento que le permite proponerle al Órgano Ejecutivo -concretamente al Consejo de Gabinete- la adopción de una política de peajes cónsona con los intereses nacionales.
Voces que dicen no oponerse a la construcción del tercer carril de esclusas han planteado la tesis de que la obra no debe acometerse si el Estado panameño no logra acopiar los fondos necesarios para llevarla a cabo mediante donaciones que le hagan las navieras y los países que se beneficiarían con la ampliación de la infraestructura canalera. Como quiera que ni las navieras ni los países se dedican a la filantropía, es claro que cualquier apoyo que nos pudieran prestar vendría acompañado, indefectiblemente, de una exigencia inaceptable: que Panamá les conceda a los sedicentes donantes voz y voto en la fijación de peajes. En mi opinión, acceder a esta exigencia es dar, inconscientemente, el primer paso en la dirección de privatizar el Canal.
Estoy convencido de que, cuando se escriba la historia panameña posterior al restablecimiento de la democracia política, se reconocerá, sin regateos, el profundo significado de la decisión que, mediante una oportuna reforma constitucional, tomaron, de consuno, las administraciones de los ex presidentes Endara Galimany y Pérez Balladares en el sentido de nacionalizar tanto el Canal como su administración, poniendo así ambas cosas a buen recaudo de los vientos privatizadores que entonces soplaban y que aún perduran.
No es, pues, prudente mellar ese blindaje constitucional a título de recibir unas donaciones espurias que, bien miradas las cosas, no necesitamos.
Finalmente, se ha dicho que el presupuesto confeccionado por la ACP a propósito de la construcción del tercer juego de esclusas carece de rigor científico.
Se le han endilgado al mismo deficiencias disparatadas y falsas, como la de que en él se omitieron los costos de no se qué dragado. No hay tal omisión.
Ahora bien, haciendo abstracción de imputaciones tan gratuitas como la mencionada, es apenas natural que en torno al tema presupuestario se susciten preocupaciones muy dignas de ser tenidas en cuenta.
También las tuvo en su momento la junta directiva de la ACP y por ello pidió, sin poner en tela de juicio la idoneidad y competencia de los técnicos panameños que lo confeccionaron, que el presupuesto fuera evaluado, separadamente, por consultores extranjeros de credenciales impecables. Así se hizo.
El dictamen de éstos no pudo ser más categórico: la calidad del trabajo realizado por los profesionales de la ACP supera – afirmaron– las más rigurosas pruebas a que pueda ser sometido en cualquier instancia examinadora internacional.
Por lo demás, la obra en sí, pese a su costo, no plantea retos tecnológicos de gran envergadura. Se trata de un proyecto de construcción a cielo abierto, que no supone trabajos subterráneos o subacúaticos y que se realiza en un área harto conocida.
Así, en la medida en que el desarrollo del plan de ampliación sea bien administrado, hay pocas razones para temer que su costo rebase la cifra presupuestada. (Lea mañana La Ampliación del Canal, la Globalización y el Voto Castigo).
El autor es abogado y miembro de la junta directiva de la ACP
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