| CANAL DE PANAMA.
Ampliación: vencer o convencer
Pedro Sittón Ureta
Una serie de articulistas de diversos medios han estado argumentando la absurda tesis de que las únicas personas que deben opinar sobre la cuestión de la ampliación del Canal serían los llamados "expertos" que laboran en la ACP y que el resto de los panameños nos debemos limitar, cual borregos, a seguirles ciegamente.
Yo discrepo de ese argumento, ya que considero que todos los panameños tenemos algo que decir sobre la ampliación y estamos obligados como ciudadanos a exigirles una rendición de cuentas a ese ente gubernamental, ya que administra fondos que nos pertenecen a todos.
Me permito recordar que fue por medio de una lucha ciudadana del sector campesino que se logró el compromiso de derogatoria de la Ley 44 de 1999, referente a los límites de la cuenca del Canal de Panamá, y que los "expertos" de la ACP se oponían de manera furibunda a la derogatoria de la misma, ya que, según su experiencia, era esencialmente necesaria para el funcionamiento de las operaciones del Canal.
Sin embargo, este argumento ha ido generando simpatías dentro del propio funcionariado de la ACP, que, de manera arrogante y creyendo poseer un don de la infabilidad papal, empiezan ya no solo a exponer sus argumentos, basados en sólidos estudios, sino que también a utilizar expresiones ofensivas en contra de cualquiera que no piense igual que ellos o que mínimamente les cuestione algún punto.
Esta sensibilidad extrema se observa claramente cuando vemos las actitudes que asumen cuando son cuestionados de manera puntual, ya no solo por expertos nacionales con experiencia en temas canaleros, sino también por revistas extranjeras especializadas en temas marítimos y económicas en donde se pone en duda una serie de valoraciones contenidas en el documento de la ampliación en torno a los riesgos, la financiación y posibles daños medioambientales.
Sin embargo, cuando surgen críticas provenientes de organismos financieros internacionales, la ACP, de una manera conveniente hacia sus intereses, deja a un lado ese perfil de "experto" y de inmediato salva la situación recordándonos el mandato constitucional de que "el Canal es patrimonio inalienable de la nación panameña", para evitar entrar en polémicas con los mismos.
En lo personal no tengo duda alguna del resultado del referéndum sobre la ampliación del Canal de Panamá. Es por ello que considero que lo realmente interesante lo constituye el debate que se ha generado, ya que, por primera vez, los panameños hemos iniciado un proceso de conocimiento sobre los temas canaleros y que ha motivado que los jerarcas de la ACP han tenido que enfrentar los cuestionamientos ciudadanos sobre una serie de temas que anteriormente se manejaban de manera poco transparente.
Con satisfacción observamos que producto de este debate nacional, los ciudadanos de este país nos percatamos de que pareciera que la junta directiva de la ACP es un club "solo para hombres", ya que tres administraciones no han podido nombrar a una sola mujer para ejercer dicha posición y que la junta asesora de la ACP, que la ley dispone que pueden pertenecer a la misma nacionales y extranjeros, está integrada exclusivamente por navieros extranjeros, los cuales tienen obviamente sus propios intereses, muy distintos a los de las grandes mayorías nacionales.
Hoy el Canal es nuestro y su futuro no puede depender de una minoría de sabios y expertos, como de manera prepotente se argumenta por algunos, sino de todos y cada uno de los panameños y panameñas que seguimos creyendo que el tema canalero es una cuestión en donde no solo se debe tener en mente el vencer en un referéndum sino, y sobre todo, es una cuestión de convencer, sin miedos ni avasallamientos, a los ciudadanos y ciudadanas de este país que al fin y al cabo somos los dueños de la vía interoceánica.
El autor es abogado
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