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Reportaje especial
Panamá, martes 20 de junio de 2006
 

PUERTOS.

Industria marítima
Demandan nulidad del contrato ley de PPC

Los ex trabajadores portuarios exigen el derecho de participación accionaria en la empresa.

LA PRENSA/ David Mesa
OPERACIONES. La mayoría de los trabajadores afectados laboraba en el puerto de Balboa, que opera y administra Panama Ports. 693870
Wilfredo Jordán Serrano
wjordan@prensa.com

Un grupo de ex trabajadores portuarios presentó una demanda de nulidad por ilegal al Contrato Ley 5 de 16 de enero de 1997 suscrito entre el Estado panameño y la sociedad Panama Ports Company S.A.

La demanda fue presentada por el abogado Alexis Cuevas ante la Corte Suprema de Justicia, el 5 de junio, en representación de César Aguilar, Fernando Dimas Rosales, Gonzalo González, Giovanni Alberto Jordán, Carlos Antonio Bruce y José Alberto Castrellón.

Los trabajadores reclaman 300 millones de dólares como indemnización para 2 mil 276 ex trabajadores portuarios que no recibieron participación en las acciones de la empresa. El caso está en el proceso de admisión en la Corte Suprema de Justicia. Una fuente confirmó que la ponencia del caso le corresponderá al magistrado Adán Arnulfo Arjona.

El fundamento de la demanda se basa en que mediante la Ley 16 del 14 de julio de 1992, que estableció el proceso de privatización de empresas, bienes y servicios estatales, el artículo 2 faculta y obliga al Estado "a incentivar la participación de los trabajadores y colonos agrícolas de las empresas a privatizar".

En ese orden, el artículo 5 de la Ley 16 dispone que "tendrá que reservarse por un término no menor de 180 días calendario, un mínimo de 5% y hasta un máximo de 20% del total de las acciones de las empresas por privatizar para los trabajadores.

Con fundamento en esta norma, el Estado –salvo renuncia expresa o tácita de los ex trabajadores de aquellas compañías que se transformarán en empresa de capital privado– solo podría dar en venta a cualquier tercero el 80% de las acciones de las empresas.

La legislación establecía varias modalidades de privatizar los activos e independiente del vehículo utilizado, el Estado debía garantizar la participación de los trabajadores en las empresas privatizadas o vendidas, según la demanda.

Una fuente de Panama Ports resto validez al reclamo de los trabajadores por tratarse de una concesión y no la venta de una empresa, como fue el caso de las estatales de telefonía y electricidad.


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