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Reportaje especial
Panamá, domingo 18 de junio de 2006
 

MIGRACIÓN. DECRETO LEY 16 DE 1960.

Una reforma inconclusa

La nueva norma debe mantener un equilibrio que permita resguardar a los inversionistas.

Ricardo Vargas asegura que una reforma requiere de la participación de las partes interesadas en el tema.

LA PRENSA/David Mesa
PROCESOS. La agilización de los trámites burocráticos es otro de los retos de la Dirección de Migración.692692
José Somarriba Hernández
jsomarriba@prensa.com

Hace más de un año, abril de 2005, una nueva propuesta de reforma a la ley de migración reposa en la Comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional. Y aunque la regulación de los flujos migratorios se ha convertido en un asunto de seguridad, el tema no figura entre las prioridades del actual Gobierno.

Según se informó, la reforma presentada por la entonces viceministra de Gobierno y Justicia, Ólga Gólcher, está a la espera que el Ejecutivo presente una serie de modificaciones.

Para Ricardo Vargas, director de Migración, la reforma que se haga a la actual ley migratoria debe ser integral y debe mantener un equilibrio que permita resguardar las inversiones extranjeras, la seguridad y promover el turismo. Sobre todo, debe consultarse ampliamente.

Los casos de narcotraficantes extranjeros que han entrado al país como inversionistas y han obtenido cédulas de identidad panameña plantean la necesidad de establecer controles más estrictos al respecto.

Este diario intentó, durante dos semanas, conocer mediante la ministra de Gobierno y Justicia, Ólga Gólcher, la estrategia del Gobierno sobre este tema, pero fue imposible.

La reforma presentada en abril propone, entre otras cosas, modernizar el Decreto Ley 16 de 30 de junio de 1960 que rige la materia y que tomó como base una reforma elaborada por el gobierno de Mireya Moscoso, la cual fue ampliamente consultada, pero que no pasó del segundo debate debido al cambio de gobierno.

Según los expertos, la actual norma es una mezcolanza de decretos, normas, disposiciones, derogaciones e interpretaciones de los diferentes gobiernos que han "enmarañado" el panorama legal migratorio.

Para Rosario de Rodríguez, de la Comisión de Derecho Migratorio del Colegio Nacional de Abogados, el proyecto de 2003 está basado en una visión de futuro y apunta hacia el desarrollo económico del país, pero con mucha transparencia y seguridad. Del proyecto propuesto por el actual gobierno, el Colegio conoce poco.

Sobre el tema de la seguridad, de Rodríguez asegura que tanto Migración como el Consejo de Seguridad del Estado tienen que ponerse de acuerdo con el fin de verificar quién exactamente entra al país.

Vargas también coincide que es importante que una nueva ley de migración sea concebida con visión de futuro y se ajuste a lo que serán los flujos migratorios en los próximos 20 ó 25 años. Y todo ello debe hacerse con transparencia, añadió. Precisamente, el tema de la transparencia fue medido en una encuesta realizada entre el 2 y 4 de junio para este diario. El 89% de los panameños opinó que existe corrupción en la institución. De acuerdo con Jorge Hernán Rubio, diputado del Partido Popular, quien dirige la Comisión de Gobierno en la cual reposa el proyecto de reforma, la actual ley es anacrónica. A su juicio, se debe crear una entidad autónoma e independiente.

A la pregunta de por qué el Gobierno no impulsa la reforma a la ley, Vargas contesta que hay una "potestad y un orden legislativo que respetar". Según él es necesario que se incorporen las opiniones de todas las organizaciones que tienen interés en el tema.

(Con información de Rafael Pérez)


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