HOMICIDIOS CULPOSOS.

Peras, manzanas y cortinas de humo

En las leyes panameñas merece más castigo robar unas cuantas reses (abigeato), que el homicidio culposo. Para éste, la pena de prisión es de 2 a 4 años, con la posibilidad de que un juez de "buen corazón" la cambie por días multa. Por robar ganado, la pena es de 30 meses a 6 años. Por intento de asesinato, el juez puede ordenar medida cautelar dos días después del hecho. Por el uso de tiempo y la computadora del despacho para invitar a una reunión (en este caso, sobre la ampliación del canal), según la Fiscalía Electoral un funcionario puede ser destituido e ir a prisión hasta por 3 años.

Aunque parezcan alucinaciones mías, no lo son, créame: lo dice la ley. Prosigo. Hace muchos años un "tainaquer" se atravesó delante de mi auto; me bajé a ver qué le había sucedido pero el can, sin siquiera cojear, se alejó meneando la cola, sólo había sido un rozón. Se trataba de un animal, no de un ser humano, pero aún siento algo en la "boca del estómago" al recordarlo. Cuesta, con mayor razón, entender que se atropelle a una persona y, sin la menor consideración por su estado, se le deje abandonada como hicieron las jóvenes Latorraca (con Katia Guerra y su niño) y Nicole Chevalier (con el señor Silgado).

¿Cómo hacerle entender a mi corazón y a mis neuronas que después de un acto así alguien se marche para armar, con frialdad, una versión que le facilite evadir su responsabilidad? ¿Puede el culpable poner la cabeza en la almohada y dormir en santa paz sabiendo que por imprudencia, tragos, drogas, o por sentirse omnipotente detrás de un timón, se convirtió en mensajero de muerte y dolor? Para lograrlo, creo, tendría que renunciar a su conciencia, a seguir sintiéndose humano.

Son demasiadas las tragedias y el dolor que causan conductores irresponsables que pierden la cordura; el sentido de que un vehículo puede tornarse en arma mortal; que olvidan la fragilidad de la vida. Aterra, de manera indescriptible la impunidad, disponible especialmente, para aquellos que tienen recursos económicos o políticos, o influencias de otra índole. El caso del conocido abogado Carlos Jones es un ejemplo de esto. Jones, conocedor al dedillo de la ley, sabía que debía pasar por la prueba de alcoholemia para determinar si estaba sobrio o embriagado al momento del accidente que le causó la muerte a Toribio y Nicolasa Díaz. Jones, estoy segura, no quiso causar un accidente fatal; y no se dio a la fuga, es cierto. Pero ¿por qué tomó las de Villadiego en el Hospital Santo Tomás y no esperó la prueba de alcoholemia? No es aceptable su excusa, "el cuarto de urgencias estaba lleno y decidí irme" (La Prensa 5/6/2006). El resto ya se sabe... desapareció por varias horas, según dice para ir a una iglesia, a su oficina, a un hospital y a casa. ¿Olvidó que era ante las autoridades el primer lugar al que debió acudir? ¿Que ante la gravedad del accidente las autoridades tenían la obligación de aprehenderlo? Y su esposa, la fiscal Geomara Jones, también conocedora de la ley, ¿por qué armó una pataleta cuando llegaron los agentes de la ley a su casa? ¿Es que por ser fiscal es intocable en un caso personal?

Una batería de colegas de un gremio independiente de abogados ha salido a ofrecerle a Jones su apoyo para sacarlo del hueco en que se metió y pretenden convertirlo en víctima de una persecución por parte de las autoridades. ¡Qué burdos! Si se hubiera tratado de los padres de algunos de ellos, ¿lo defenderían? El abogado Silvio Guerra y el escudo protector gremial para Jones no me convencen, ni me convencerán con historietas que mezclan peras con manzanas. Hubo un accidente que causó dos muertes: ésas son las peras. Las manzanas para embrollar, es una supuesta persecución que, cosa curiosa, denuncian unos señores afectados por decisiones administrativas o disciplinarias de la Procuradora General. Y aunque así fuera, ¡qué excusa tan indecente! para crear una cortina de humo y sacar del ojo de la tormenta a las verdaderas víctimas: el matrimonio Díaz y sus dolientes.

Muchas contradicciones hacen más censurable la conducta del acusado y sus apresurados defensores por un hecho que, además de doloroso, despide un sofocante tufo de encubrimiento, mentiras y dilaciones. ¿Está a salvo la responsabilidad del doctor Juan Delgado quien, según el abogado Guerra dijo, así como así, sin considerar que había dos cadáveres de por medio y sin hacerle el examen de rigor, "Señor Jones, no hay ningún problema, puede retirarse"? Ya no hay cómo saber si Jones estaba sobrio o embriagado; no obstante, su conducta después del accidente arroja severas dudas sobre sus motivos para hacerse humo durante las horas que lo ponen a salvo de una posible acusación por homicidio culposo. Este trágico suceso, gracias a las argucias legales de Jones y sus amigotes busca, principalmente, salvarle el pellejo. ¿Y los muertos? Muertos se quedan y muy posiblemente -porque así de mal camina la justicia en Panamá (y da vergüenza admitirlo)- hasta resulten siendo culpados por el accidente, por causar daños morales a Jones y por la pérdida de su vehículo. Pareciera que el mensaje de nuestro Código Penal es que es más fácil zafarse por matar gente, que por robar vacas.

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