ARGENTINA.

Cuestión militar, cuestión de Estado

En los últimos días, las tensiones del presidente Kirchner con las fuerzas armadas, han trascendido largamente las fronteras nacionales. Primero, la participación de un reducido grupo de militares uniformados en un acto de claro contenido político en que militares retirados reivindicaban confusamente la lucha contra la subversión. Luego, la intempestiva y desafortunada reacción del propio presidente vociferando "no tener miedo" (como si no fuera, como efectivamente lo es, el comandante en jefe de las fuerzas armadas), frente a intolerables insolencias de un reducido número de oficiales que le dieron la espalda durante un acto solemne en que se conmemoraba el día del ejército.

Esta escalada de acciones y reacciones ha reavivado y hecho aflorar viejos odios y tensiones, entre el Gobierno y las fuerzas armadas. El grueso de la sociedad civil, asiste, entre sorprendida e impávida como convidada de piedra a este conflicto que no parece detenerse. Nadie en su sano juicio se animaría, ni aquí ni en ninguna parte, a hacer proyecciones sobre el futuro del odio.

Varias son las paradojas a que nos enfrentamos en este campo. La primera se refiere al carácter cuantitativamente insignificante del número de fanáticos desubicados, "democráticamente" distribuidos en los cercanos extremos de nuestro variopinto arco ideológico. Fanáticos para los cuales, los únicos errores admisibles del pasado, se refieren a no haber aumentado la dosis de todo aquello que primero nos llevo a la catástrofe y luego al genocidio. La segunda paradoja, por contraposición, se refiere al enorme consenso (también democráticamente distribuido en el vasto centro ideológico), acerca de la necesidad de modernizar y redimensionar (con todo lo que ello implica), unas fuerzas armadas para quienes el estado democrático de derecho y la subordinación absoluta a la autoridad civil, debería convertirse en el más natural y obvio de los paisajes.

¿Por qué entonces siendo estas las condiciones políticas y socio-culturales mayoritariamente imperantes, asistimos a enfrentamientos con una virulencia que ya creíamos superada?

Nada fácil resulta ensayar una respuesta satisfactoria a este interrogante. Más allá de las burdas y obvias resistencias de aquellos que luchan por la auto conservación de impunidades y privilegios, una parte no despreciable de la grave situación que padecemos, resulta sin duda atribuible a las torpezas del propio Gobierno.

Si el ejemplo, como es sabido, constituye la forma privilegiada y superior de legitimidad política, ¿cómo será posible reconducir a las fuerzas armadas a formas permanentes y definitivas de institucionalidad democrática, desde un gobierno que se enorgullece del decisionismo y la discrecionalidad, al mismo tiempo que manipula instrumentalmente cuestiones centrales de la política de derechos humanos?

Sólo una verdadera política de estado podrá colocarnos en el camino que debemos transitar. Pero nada fácil será la tarea de construir una política como esa, con un gobierno que, entre otras cosas, también se arroga el monopolio del tratamiento correcto de la cuestión militar.

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