BOLIVIA.

Mercados abiertos

Después de haber estatizado -y ocupado con fuerzas militares los hidrocarburos en Bolivia-, Evo Morales anunció la "reforma agraria", que significaría confiscar entre 11 y 14 millones de hectáreas, 11% de los 1.09 millones de kilómetros cuadrados del país. Así busca "romper con el latifundio improductivo", en las regiones de Santa Cruz, Beni, Pando y el Chaco.

Las medidas "tienen la finalidad de revertir al Estado las tierras que no cumplen una función social o cuyos títulos de propiedad hayan sido obtenidos de forma fraudulenta". Las tierras confiscadas serían distribuidas entre "los campesinos sin tierra, comunidades indígenas y los bolivianos que no poseen tierra y están dispuestos a trabajarla", unos 2.5 millones de personas.

También, para "recuperar la soberanía nacional", se expulsará a los propietarios extranjeros establecidos en tierras a 50 kilómetros de la frontera. Esta medida afectará a muchos brasileños -con lo cual se agravarán las tensas relaciones con Brasil- y que, según el gobierno de La Paz "se instalaron en forma ilegal" en territorio boliviano para dedicarse a diversas actividades tales como ala de madera, explotación del caucho, castañas o minería.

Bolivia es uno de los países del continente con mayor concentración de tierras en pocas manos: los campesinos tienen el 13% de las tierras productivas; el 87% restante pertenece a grandes terratenientes. La pregunta ahora que se hacen muchos es por qué si ya hubo una "reforma agraria" en 1953, bajo la "revolución" nacionalista de Víctor Paz Estenssoro (1952-1956), continúa el problema. Por lo general, la miseria y la deficiente utilización de la tierra son problemas serios en toda América Latina. De modo que se impone una "reforma agraria". Pero, ¿debe ser un cambio violento –despojando a los ricos para beneficiar a los pobres, al estilo marxista o nacionalista- o por el contrario debe ser un cambio natural y voluntario que se produzca dentro del mercado? Un caso similar es el de muchos grandes terratenientes brasileños, que adquirieron sus tierras invadiendo áreas del Estado sin fiscalización. Hoy, en Brasil, el 1% de los propietarios poseen 48% de los 90 millones de hectáreas cultivables. En contraposición hay más de 4.5 millones de familias sin tierra: peones, campesinos golondrina, arrendadores de tierras.

Durante el gobierno anterior a Lula, 328,000 familias recibieron tierras. Pero, al mismo tiempo, desaparecieron 940,000 pequeñas propiedades de hasta 50 hectáreas. Para los dirigentes de los "sin tierras", la razón es que el modelo agrícola terminó agudizando la concentración de tierras. En efecto, sucede que las intervenciones coactivas del Estado, en el mercado hacen antieconómicas las pequeñas propiedades, que terminan siendo vendidas a los grandes propietarios a precios irrisorios.

De manera que la "reforma agraria" se convierte en un gran círculo vicioso. Representa un buen negocio para los dirigentes "sociales", políticos o amigos, así como para los grandes terratenientes que, finalmente, consiguen tierras a bajos precios. Mientras que los pobres que recibieron tierras acaban tan empobrecidos como antes.

Definitivamente, el problema no es de tierra, algo que en Latinoamérica sobra, sino que la carga impositiva, las leyes laborales rurales y demás regulaciones estatales hacen inviables los pequeños emprendimientos. Además, los campesinos necesitan créditos, instrucción, acceso a los mercados, transporte e infraestructura que en estas condiciones de no rentabilidad son imposibles de conseguir.

La verdadera reforma que se requiere es la disminución del peso y la injerencia coactiva del Estado, de modo que el mercado pueda evolucionar naturalmente y los pequeños campesinos prosperen y compitan, llevando a los grandes terratenientes a explotar eficientemente sus tierras ociosas o venderlas, como ocurre en los mercados abiertos.

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