VIOLENCIA EN EL ÁREA.

¿Arde América Latina?

Aunque la violencia política aún bulle en las mentes de ciertos agitadores, y se convierte con frecuencia en programada acción callejera, la violencia criminal es, hoy, el reto más generalizado, grave y urgente a la seguridad de América Latina. Y si no se logra contener de forma eficaz, sostenible y respetuosa de la legalidad y los derechos humanos, podría afectar severamente el desarrollo, la estabilidad política y los avances institucionales de muchos países.

Pocos cuestionan el terrible impacto de las distintas manifestaciones de este mal. Su macabro repertorio incluye la planificada acción del crimen organizado, los asaltos u homicidios de delincuentes individuales, la acción de pandillas juveniles, las extorsiones de policías corruptos y hasta el aniquilamiento sistemático de mujeres o niños. Sin embargo, más allá de limitados ejemplos de éxito, es poco lo que se ha avanzado en revertir o, al menos, contener, el embate.

Si los sanguinarios enfrentamientos que conmovieron a Sao Paulo durante los últimos días hubieran tenido origen político, muchos habrían afirmado que Brasil estaba en la antesala de la insurrección civil, y la alarma, justificadamente, habría cundido por el continente.

Sin embargo, el carácter típicamente delincuencial del levantamiento armado en el gran corazón financiero e industrial de Sudamérica no debería ocultar su extrema gravedad. Al contrario, refleja un peligroso colapso en la seguridad pública y el estado de derecho, sin los cuales la democracia, como vivencia cotidiana, puede perder contenido.

La capacidad de planeamiento, cohesión y acción demostrada por los delincuentes, la ineficacia de la policía estatal para prever y contener los hechos, los motines generalizados en varias cárceles del país, la lenta reacción del gobierno federal, el miedo de la población y los casi 140 muertos contabilizados durante cuatro días de violencia, son un preocupante síntoma y un terrible saldo.

Pero, desgraciadamente, los brasileños no poseen el monopolio del problema.

Los carteles del narcotráfico tienen bajo su imperio a varios estados del norte mexicano. Algo parecido ocurre en amplias regiones colombianas y guatemaltecas, o en algunos enclaves peruanos. Las pandillas juveniles de nuevo cuño, conocidas como "maras", por sí mismas o en asocio con otros grupos, no dan tregua en Honduras, El Salvador y Guatemala, que han fracasado en contenerlas a partir de la represión.

Caracas se ha convertido en la capital más peligrosa del continente. La "industria" del secuestro ha disminuido algo en Colombia, pero se ha extendido incluso hasta Argentina y es alarmante en Trinidad Tobago.

Pocos se salvan de la "mordida" o la "coima" como procedimientos regulares para evitar la acción policial. El exterminio deliberado de mujeres humildes en Ciudad Juárez ha alcanzado siniestra notoriedad mundial. Y se podrían citar muchos otros casos.

Quienes atribuyen la espiral de agresiones y muertes a las endémicas pobreza, desigualdad y exclusión latinoamericanas, se acercan más al error que al acierto. Estas realidades socieconómicas son importantes, pero pertenecen al trasfondo del problema. Los factores desencadenantes, que se deben y pueden conjurar con mayor rapidez, pertenecen a otros ámbitos.

El fundamental es la escasa vigencia de un verdadero estado de derecho. En varios países, la cadena constituida por la policía (investigadora y represiva), los fiscales, los jueces y el sistema penitenciario tiene múltiples eslabones rotos. La impunidad está a la orden del día, la corrupción campea entre las autoridades, las cárceles se encuentran abarrotadas y las opciones para prevenir el delito, o reinsertar a los delincuentes en la sociedad, son tan escasas como ineficientes.

Ante tan patética realidad, muchos ciudadanos claman –y los políticos responden— por mayores penas, que simplemente congestionan más los penales y no contienen el delito.

Entre tanto, problemas más puntuales, como la urbanización desordenada, la escasez de oportunidades para los jóvenes, el clientelismo y las políticas económicas desacertadas, que no generan suficiente crecimiento y empleos, debilitan las bases para cualquier acción.

En medio de los problemas, hay casos de éxito en revertir situaciones críticas, como demuestran la reducción en la violencia en tres urbes colombianas: Bogotá, Cali y Medellín.

Las corrientes más fuertes, sin embargo, son negativas, y hacen patente la necesidad de actuar bien. El comienzo debe estar en la depuración y reorganización de los procedimientos y órganos policiales y judiciales, en la lucha contra la corrupción y en el fin de la impunidad, con respeto a los derechos individuales.

Esta es una de las mayores reformas pendientes en el hemisferio. Resulta tan difícil como necesaria. Porque el costo de la inacción es demasiado alto.

Sao Paulo lo ha pagado con creces en estos días. Y la cuenta seguirá creciendo si no hay soluciones.

• ¿Arde América Latina?
• Mercados abiertos
• Democracia y oposición política: el huevo y la gallina